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México

La cosecha del huachicol; bajan ventas de Pemex 50%

Cima de Togo, Guadalupe Victoria, Nectario, El Capulín, El Aserradero y Coatzetzengo son comunidades del municipio de Cuautepec de Hinojosa, estado de Hidalgo, que tienen algo en común: su población subsiste de la ordeña de combustible.

Cuautepec de Hinojosa se ubica a unos 15 minutos de Tulancingo. Llegar a las comunidades lleva otros 30 minutos, pues implica atravesar toda la cabecera municipal hasta desembocar en la carretera estatal Cuautepec-San Juan Hueyapan.
Antes de llegar a Guadalupe Victoria, a un costado del camino, una camioneta calcinada marca que el trayecto es el correcto para ingresar a territorio huachicolero.

Por la ruta abundan conductores en motocicletas o en motonetas. De acuerdo con regidores municipales —que solicitaron el anonimato—, algunos de éstos hacen de halcones que reportan actividades inusuales o la irrupción de operativos policiales de los que han sido agobiados en los últimos meses.

Ubicadas en promedio a 20 kilómetros del centro de Tulancingo, las seis localidades no sobrepasan 200 viviendas, la mayoría dispersas una de otra; quienes no son parientes directos, emparentaron por compadrazgo.

Saber quiénes no tienen relación con el huachicol resulta complejo, prefieren el silencio; unos por complicidad, otros por desconfianza o simplemente porque no conciben que están cometiendo un ilícito. Aquí ordeñar equivale a cosechar, sólo que sin depender de ciclos agrícolas.

Según los asambleístas consultados, se estima que 60% de la población de estas comunidades realiza actividades relacionadas con el tráfico de hidrocarburo. La tasa se eleva hasta 80% en El Aserradero.

Por su orografía montañosa y boscosa, los huachicoleros esconden los bidones con combustible entre la maleza, en el bosque o en barrancas, a las que sólo se accede por veredas de terracería, en las casos menos complicados, o bajar y subir a pie por barrancas en los más complejos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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