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México

La crisis del agua ya está aquí y podría empeorar

En el marco del Día Mundial del Agua, la especialista Elena Burns, coordinadora de la asociación “Agua para Todos, Agua para la Vida”, aseguró que actualmente el país padece una crisis de agua debido a que el 70 % de los cuerpos de agua cuentan con contaminación derivada de empresas mineras y petroleras, con lo que las autoridades federales buscan privatizar este recurso al considerarlo una mercancía para facilitar concesiones.

Situación de riesgo
“Estamos en una situación de cada vez más riesgo, la legislación actual es la Ley de Aguas Nacionales en la que se le aplicó un impuesto al agua en México en 1992 y se realizó con el objetivo de establecer una autoridad única que puede otorgar concesiones de compra y venta, de tal modo que cualquier inversionista que la necesite pueda adquirirla”.

Burns añadió que la Conagua es juez y parte al concesionar a 103 acuíferos del país, donde ha asignado 45 inspectores para el cumplimiento de la normatividad de más de 300 mil concesiones con lo que la especialista catalogó que no alcanza el dinero ni la voluntad política para hacer cumplir las leyes.

Este vacío ha sido aprovechado por empresas mineras y petroleras que están llegando en masa al país, provocando que las aguas nacionales reciban sustancias tóxicas. Ante la intención de privatizar los servicios de agua potable con la elaboración de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados (que podría aprobarse tres años después de que se canceló la llamada ley Korenfeld), desde febrero de 2012 investigadores de la asociación “Agua para Todos, Agua para la Vida” se han enfocado en formular otra iniciativa para generar un Consejo Nacional de Cuencas que evite que el agua potable sea más cara y quede en manos privadas.

Aunque la Ley General de Aguas tiene como fin reglamentar el cambio constitucional de febrero de 2012, esto se ha usado por el gobierno federal y legisladores para impulsar las concesiones, de acuerdo con la especialista.

La Ley General de Aguas evitará que las comunidades afectadas protesten porque el Ejército intervendrá amparado por la Ley de Seguridad Interior por lo que Burns pidió a la ciudadanía participar en defender su derecho.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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