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La deforestación en la Amazonía subió casi un 64% en el mes de abril

El área desforestada ilegalmente en el Amazonas brasileña se estima que creció un 63,75% en abril respecto al mismo mes del año anterior, según datos por satélite del sistema de monitorización en tiempo real del estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).

Las informaciones de imágenes obtenidas por el sistema Deter-B indicaron que durante el mes de abril fueron emitidas señales de alerta en 405,6 kilómetros cuadrados de los seis estados de la región norte de la zona de Amazonía, más Tocantins (centro), Mato Grosso (occidente) y Maranhao (nordeste).

El aumento de la deforestación en la serlva Amazónica coincide con las medidas de aislamiento social, cuarentena y en algunos casos de confinamiento total, como en Belem y Sao Luiz, capitales de los estados de Pará y Maranhao, respectivamente, para contener el avance del coronavirus.

El récord de deforestación en Amazonas para el mes de abril fue en 2018 con 489,5 kilómetros cuadrados.

El estado con mayor deforestación en abril fue Mato Grosso, que contabilizó 144,58 kilómetros, equivalentes al 35,6 % del total.

De acuerdo con la muestra del sistema, el 96% del área que sufrió deforestación tuvo pérdida de cobertura de vegetación, solo el 2% la mantuvo y un 1,3% corresponde a actividades de minería.

El ejército en el combate contra la deforestación

Justo la víspera, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó el envío de las Fuerzas Armadas a diferentes estados del país para combatir la deforestación y prevenir incendios en el Amazonas brasileño, uno de los pulmones vegetales del planeta.

El decreto con la autorización fue publicado el jueves en el Diario Oficial y limita, por ahora, la actuación del Ejército entre los días 11 de mayo y 10 de junio para combatir la destrucción de la selva amazónica.

Según cálculos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), en el primer trimestre de este año la Amazonía brasileña, perdió 796,08 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, frente a los 525,63 kilómetros cuadrados desforestados en el mismo período de 2019.

De esta forma, la tendencia de destrucción de la región amazónica sigue al alza, pues ya el año pasado la deforestación creció un 85% hasta los 9.165,6 kilómetros cuadrados, su mayor nivel desde 2016.

La Amazonía brasileña se vio fuertemente amenazada el año pasado por los incendios que castigaron la región entre los meses de junio y agosto y obligaron entonces al Gobierno a enviar a las Fuerzas Armadas para ayudar en el control del fuego.

Las imágenes de los incendios calcinando enormes extensiones de vegetación dieron la vuelta al mundo y provocaron una ola de indignación entre la comunidad internacional y las ONG, que acusaron del desastre a Bolsonaro, por su retórica antiambientalista.

El mandatario ultraderechista ha sido criticado dentro y fuera de Brasil por su política amazónica el año pasado, el primero de su mandato.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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