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Por la deuda… Cada trabajador mexicano debe 160 mil pesos

Con el actual nivel de endeudamiento pública que tiene México actualmente (que llegará al 50% del PIB al cierre de 2016), cada trabajador debe más de 160,000 pesos, y cada bebé que nace ya debe más de 700,000 pesos, señaló el observatorio de Libertad Política y Económica, ELEGIR.
En conferencia de prensa para explicar el análisis que realizó esta organización sobre el Presupuesto 2017 presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso, la directora de Elegir, Claudia Regil, señaló que la manera en la que el Estado ha planteado el gasto público lo convierte en un falctor «alterador de ritmo general del país».
Actualmente, señalaron los especialistas, en México sólo una pequeña parte de la población, el 19.67% paga el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y el 87.4% de la recaudación de este impuesto lo aporta la clase media, es decir, aquellas personas con un ingreso mensual menor a 18.500 pesos.
«Las tasas de retorno tributario son muy bajas», selañó Roberto Salinas León, consejero del Observatorio. «Los mayores gastos en casto social, gasto corriente, gasto estatal no reditúan en beneficios observables, ni siquiera en las obligaciones básicas del gobierno, como son la protección de los derechos de propiedad, la seguridad pública o la paz. Bajo esta óptica, las tasas impositivas que pagamos los causantes mexicanos son de las más altas del mundo, ya que lo que recibimos a cambio representan beneficios bastante inferiores a los que otros ciudadanos, en otros países, toman como un hecho».
Por esta razón, ELEGIR considera que el gobierno en su conjunto no debe crear nuevos impuestos, sino que debe mejorar la manera en la que gasta.
De acuerdo con ELEGIR, el 44% del PIB al que se llegó en endeudamiento público al cierre de 2015, es equivalente a 7.5 billones de pesos mexicanos, cantidad que representa un poco más del valor total del PIB de Noruega.
Desde el observatorio se señala que desde la administración de Vicente Fox (año 2000), se ha intentado integrar a pequeños comerciantes al régimen fiscal con diferentes iniciativas. Desde el régimen fisal para «changarros», hasta el Régimen de Incorporación Fiscal, de manera que aumenten los ingresos tributarios. No obstante, al ser un tema sumamente sensible, el Estado ha optado por la deuda pública y no por la incorporación de más contribuyentes al caudal del presupuesto, ya que la deuda no «reacciona» a la presión fiscal, como sí lo hacen los ciudadanos.
En este sentido, el Observatorio recuerda las advertencias de Javier Bonilla, quien señalaba en 2003 que «si el gobierno le quisiera dar un salario mínimo por familia a la mitad de la población, esto costaría sólo el 10% del presupuesto federal. En lugar de ello, el gobierno gasta cinco veces esa cantidad en gastosocial y los pobres siguen ahí».

Fuente: Economía Hoy

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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