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La economía de EEUU se hundió 4,8% en el primer trimestre

La economía de Estados Unidos se contrajo un 4,8% en el primer trimestre, marcando el decrecimiento más pronunciado desde la Gran Recesión de la década pasada, según las primeras estimaciones anualizadas publicadas este miércoles por el Departamento de Comercio.

En este periodo, el daño por la COVID-19 quedó restringido principalmente a finales de marzo, pero aún así las cifras muestran un brutal impacto, una situación que la economía estadounidense no había experimentado desde el cuarto trimestre de 2008.

Se espera que la situación sea peor en el segundo semestre, período en que la economía se contraerá entre un 20% y un 30%, de acuerdo a Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca.

El economista, en una entrevista con la cadena financiera CNBC, aseguró el martes que la caída del Producto Bruto Interno (PBI) de EEUU será entre abril y junio la peor desde la Gran Depresión.

Para el tercer trimestre, este asesor de la Administración Trump confía en que se vea una tendencia “bastante positiva” a medida que se reactiva la actividad.

Hassett pronosticó que la tasa de desempleo en abril alcanzará el 16% o el 17%, disparándose desde el 4,4% registrado en marzo a medida que se hacen sentir los efectos de la pandemia en los negocios del país.

Según los últimos datos, más de 26 millones de trabajadores han solicitado el subsidio por desempleo en las últimas cinco semanas, borrando de un plumazo todos los empleos creados desde la crisis financiera de 2008.

El viernes pasado, el presidente Donald Trump firmó un tercer plan de estímulo por 483.000 millones de dólares para apoyar a la economía de Estados Unidos, duramente afectada por las restricciones impuestas ante la pandemia, que incluye 320.000 millones para que las empresas mantengan sus puertas abiertas y paguen a sus empleados, luego de que se agotó el primer tramo de 349.000 millones de dólares.

Ese primer plan ayudó a 1,6 millones de negocios y protegió a más de 30 millones de empleos, y con los fondos adicionales “decenas de millones de trabajadores se beneficiarán de este alivio crítico”, según el Tesoro.

Sin embargo, el comunicado advirtió que los prestamistas “deben revisar cuidadosamente las regulaciones y las certificaciones requeridas para obtener el préstamo”, una referencia a las reglas que prohíben que grandes empresas se beneficien de este programa.

El gobierno apretó las normas tras la polémica porque grandes cadenas de restaurantes recibieron decenas de millones de dólares del programa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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