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Opinión

La gran división. Por Raúl Saucedo

A quien creerle

En el tejido constitucional de una república democráticacomo lo es México, la división de poderes emerge como un pilar fundamental, un baluarte que resguarda la esencia misma de la democracia y protege los derechos y libertades de los ciudadanos. Este principio, originario de las enseñanzas de Montesquieu, se ha erigido como una salvaguardia crucial contra la tiranía y el abuso de autoridad.

La división de poderes implica la distribución de las funciones del gobierno en tres ramas independientes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos poderes opera con autonomía y controla al otro, formando un sistema de contrapesos que asegura que ningún componente del gobierno acumula demasiado poder.

El poder legislativo, encargado de la creación de leyes, representa la voz del pueblo. Este cuerpo colegiado debe ser independiente y capaz de ejercer su deber de fiscalización sobre las acciones del ejecutivo. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten así en principios cardinales que refuerzan la confianza ciudadana en sus representantes.

Por otro lado, el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, lleva a cabo las políticas públicas y administra el Estado. Sin embargo, su actuación se halla limitada por la supervisión del legislativo y la imparcialidad judicial. Este equilibrio evita la concentración excesiva de poder en manos de un solo individuo, previniendo desviaciones hacia la autocracia.

El poder judicial, la tercera columna, se erige como el guardián de la legalidad. Independiente y libre de presiones políticas, el sistema judicial garantiza que las leyes se interpretan y aplican de manera imparcial. Esta función crítica no solo impide la arbitrariedad, sino que también permite la corrección de posibles injusticias y la protección de los derechos individuales.

La importancia de esta división radica en su capacidad para preservar el sistema democrático frente a las amenazas internas y externas. En un mundo caracterizado por cambios vertiginosos, la estabilidad política se vuelve esencial, y la división de poderes actúa como un contrapeso ante cualquier intento de monopolización del poder.

En sociedades democráticas consolidadas, esta división también fortalece la capacidad de adaptación del sistema. Las diferentes ramas del gobierno, al operar de manera independiente, pueden reaccionar ágilmente a las demandas cambiantes de la sociedad. Esto asegura que la legislación evolucione de acuerdo con las necesidades y valores contemporáneos.

No obstante, la eficacia de la división de poderes depende de su preservación y respeto. La instrumentalización con finos partidistas o la erosión de la independencia judicial amenazan el equilibrio que tanto ha establecido. La sociedad debe permanecer vigilante y comprometida con la defensa de estos principios, reconociendo que la fortaleza de la democracia radica en la integridad de sus instituciones.

Todo este análisis de política básica de Montesquieu, no sé si es por mis recientes petit déjeuner con el inquilino Franco Mexicano que habita en mi casa o es parte de la danza política que vemos a través de las pantallas de la última semana, donde inician las precampañas del ejecutivo, los partidos postulantes están a horas de definir sus alianzas legislativas y los jurídicos se disputan los espacios locales y federales en el judicial.

La cuestión es La République está afianzada para los vaivenes futuros o tendremos episodios de vacíos de poder y protagonismos incipientes como los vividos en la Macroplaza.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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