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La Guardia Nacional ya operará en marzo: Alfonso Durazo

La meta del gobierno federal es que la Guardia Nacional comience a operar a mediados de marzo, en tanto que concluye el proceso legislativo se formaron dos equipos para comenzar el proceso presupuestal y administrativo de esta nueva corporación, así como para la transición de la Policía Federal.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que están trabajando de manera paralela al proceso legislativo, porque están a contrarreloj y la intención es que al día siguiente de la aprobación en los 17 congresos locales comience de inmediato la operación de la Guardia. Consideró necesario también retomar el reclutamiento de los nuevos elementos, convocatoria que fue suspendida, luego de que “recibimos críticas de que nos estábamos adelantando.

“Estimamos que pudiéramos, si todo avanza como lo adelanta la Cámara de Diputados, que pudiera votar el jueves la iniciativa, estimamos que pudiéramos tener la meta constitucional de los 17 congresos a mediados de marzo. “Luego vienen las leyes secundarias, pero todo en paralelo, porque no hay tiempo que perder, pues la Policía Federal tiene capacidad de 3 mil 200 espacios anuales para capacitar y si nos fuéramos con la proporción de Colombia, necesitaríamos 360 mil elementos, necesitaríamos 100 años, no es posible, tenemos que iniciar de inmediato”, urgió.

Explicó que en estos momentos hay dos equipos de trabajo funcionando: “Uno para desarrollar todo el proceso de creación de la Guardia, que es el proceso legislativo, presupuestal y administrativo; y por otro lado una comisión al interior de la Policía Federal para proponer el programa de transición”. Dijo que hoy o mañana le presentarán al Presidente el plan de trabajo que les permita ir construyendo la Guardia Nacional en paralelo a lo que aún falta del proceso legislativo.

“Nos estamos adelantando porque estamos a contrarreloj, estamos haciendo los preparativos necesarios para no perder un solo día, se aprueba la Guardia ahora y mañana estamos listos para detonar todas las acciones que le den vida”, adelantó. Por lo que urgió a los diputados federales a que aprueben el proyecto que envió el Senado “exactamente como está”, pues aunque “no fue nuestra iniciativa estamos completamente de acuerdo con ella y aún si no estuviéramos de acuerdo con algunos de sus términos valoramos mucho que tenga un respaldo unánime”.

Mientras que el presidente López Obrador destacó que la Guardia llegará a lugares de la sierra donde no existe ni un solo policía. “La Guardia va a estar en la Sierra de Zongolica, va a estar en Tlapa, Guerrero, en La Montaña; va a estar en Chilapa, desde luego en Acapulco, va a estar en Tijuana, va a estar en todo el país. Ya en el terreno de la acción es el que tengamos presencia para que la población esté protegida, que no haya homicidios, robos ni secuestros”, destacó.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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