El caso de Mario Villanueva Madrid, quien este jueves se declaró culpable de tráfico de drogas ante una corte en Nueva York, se remonta a mediados de la década de 1990 y es emblemático, ya que es el más alto funcionario procesado y extraditado a Estados Unidos.

Considerado por Preet Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, su acusador, como “el funcionario público más corrupto que ha sido obligado a responder”, Villanueva Madrid se involucró en actividades relacionadas con el tráfico de drogas un año después de asumir el cargo de gobernador de Quintana Roo bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Villanueva, de 64 años, se declaró culpable este jueves de conspirar para lavar millones de dólares procedentes del cártel de Juárez a través de bancos en Estados Unidos y otros países. El dinero lo obtuvo tras llegar a un acuerdo con el grupo delincuencial para trasladar toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, a través del estado.

A mediados de la década de 1990, el cártel liderado por Amado Carillo Fuentes estableció operaciones en Quintana Roo. Apenas un año después de que tomó el poder en abril de 1993, Villanueva acordó con la organización criminal que las autoridades quintanarroenses no interferirían en el tráfico de drogas, a cambio de pagos de entre 400,000 y 500,000 dólares por cargamento.

Esto le dio al mandatario, que gobernó entre 1994 y 1999, ganancias ilícitas por millones de dólares. Sin embargo, sus ingresos exorbitantes fueron el detonante para que las autoridades en México y Estados Unidos comenzaran a sospechar sobre un posible enriquecimiento ilícito: Villanueva comenzó a transferir el dinero a cuentas en Estados Unidos, Suiza, Bahamas y Panamá, a nombre de corporaciones en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Aunque Amado Carillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos, murió en 1997 mientras se realizaba una cirugía plástica, el mando del cártel de Juárez lo tomó su hermano Vicente, que continuó con el trato con Villanueva.

Villanueva aún no terminaba su mandato cuando la Procuraduría General de la República (PGR) lanzó una investigación en su contra.

Alertado sobre la investigación por tres citatorios emitidos por el entonces fiscal antidrogas Mariano Herrán Salvatti —quien también le tomó declaración antes de que su periodo de gobierno expirara—, el mandatario local huyó una semana antes de entregar el cargo al también priista Joaquín Hendricks Díaz, quien tomó protesta a pesar de la ausencia de Villanueva.

Tras huir, Villanueva se defendió de las acusaciones mediante una carta enviada a medios nacionales. «Se me persigue por razones estrictamente políticas en un momento delicado para la evolución del sistema de partidos y del PRI de cara al proceso de la sucesión presidencial del año 2000», afirmó.

«Acosado por una investigación dirigida a incriminarme a toda costa en delitos de tráfico y consumo de drogas, me vi en la necesidad de adoptar una decisión personal sumamente difícil: abandonar mi terruño para no ser objeto del encarcelamiento», justificó en la carta.

Para entonces ya había comenzado una cacería de las autoridades mexicanas en México y en el extranjero que se saldó con el arresto de Villanueva Madrid dos años después, el 24 de mayo de 2001, en un retén en la ciudad de Cancún.

Ahí inició un proceso en México que duró nueve años, debido a las promociones de amparos del equipo legal de Villanueva. Tras su arresto fue enviado al Penal de Alta Seguridad del Altiplano, en el cual estuvo hasta el 21 de junio de 2007. Ese día el exfuncionario salió libre, después de que un juez federal lo exonerara de varios delitos y después de haber cumplido seis años en prisión.

Sin embargo, durante su salida del penal fue arrestado de nuevo y trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México debido a la existencia de una orden de arresto con fines de extradición librada por un juez federal.

A la par del proceso de extradición, en junio de 2008, el Segundo Tribunal Unitario emitió una nueva sentencia de 36 años y nueve meses de prisión, debido a una impugnación de la PGR a la sentencia del Juzgado 3 de Distrito, de junio de 2007, que le otorgaba la libertad tras cumplir seis años en prisión.

A Villanueva también se le condenó a pagar una multa de 6,205 pesos y se le inhabilitó 26 años y tres meses para desempeñar cargos públicos.

Su proceso de extradición, que involucró la presentación de todos los recursos legales disponibles por parte de la defensa, concluyó con la entrega de Villanueva el 8 de mayo de 2010 a autoridades estadounidenses en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

El caso de Villanueva llamó la atención del llamado fiscal de Wall Street, debido a que se detectó lavado de dinero a través de la ahora desaparecida firma financiera Lehman Brothers, según la acusación de Preet Bharara.

Las transferencias de dinero fueron administradas por Consuelo Márquez, una representante de inversiones de Lehman que se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en 2005. Villanueva abrió una cuenta de una familia falsa en Banamex, desde la cual transfirió 7 millones de dólares a Lehman, según la acusación.

En total, las autoridades estadounidenses confiscaron 19 millones de dólares producto de las actividades ilícitas de Villanueva.

Villanueva podría enfrentar una pena máxima de prisión en Estados Unidos de 20 años, y será sentenciado por un juez el 26 de octubre próximo. En la investigación contra Villanueva participó la agencia antidrogas estadounidense, la policía de Nueva York, el fisco estadounidense, el Departamento de Seguridad Interna, y el FBI.