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Opinión

LA IDENTIDAD NORTEAMERICANA POR VICTOR M. OROZCO

La identidad norteamericana

Víctor Orozco

El tema ha recibido muchos nombres: identidad, carácter, alma, personalidad, de un pueblo o de una nación. Durante el siglo XIX, alemanes y franceses se encargaron de convertirlo en el súmmum de las ideologías y de las acciones políticas. Poetas, filósofos, literatos, estadistas, curas, pastores, funcionarios, educadores, se encargaron de convencer a las multitudes de que su patria era la condensación de todas las virtudes y que, para mantenerla sin mancha había que odiar y combatir a muerte a todos los enemigos. Los nacionalismos extremos que arraigaron y se endurecieron entonces, detonaron las dos guerras mundiales en la siguiente centuria. Sobre todo los alemanes, pero no sólo ellos, se tomaron a pecho la idea de la superioridad racial en la cual se fincaba la milenaria patria germana. Mussolini proclamó a los italianos como descendientes directos de los antiguos romanos y destinados a reconstruir su imperio universal. Franco, el cruzado católico, hizo lo propio con la “España eterna”, bajo cuyo estandarte debían perecer liberales, comunistas, ateos, masones, republicanos. Los dictadores no fueron los únicos en alimentar las exclusiones y los aborrecimientos en contra del “otro”. En todos los países florecieron partidos de esta catadura y en nuestros días, han persuadido a gruesas capas de los electores en casi todos los países europeos. Se trata de un nacionalismo ofensivo, que agrede y expulsa a los que considera diferentes. No obstante el acelerado proceso de globalización de las relaciones económicas, éste no ha tenido su par en diversos ámbitos de la cultura. Por estos terrenos, no han pasado las marcas mundiales de toda clase de mercancías, ni la música, la comida, las instituciones consagradas en las constituciones políticas, etcétera. Quienes pueblan estos espacios, siguen patrones vigentes hace un siglo entre los ultra patriotas galos o teutones.

Pensemos el caso de Estados Unidos. Cada campaña electoral, sobre todo al término del mandato de un presidente reelecto, como en el caso de Barak Obama, cuando las posiciones tienden a polarizarse, no faltan uno o varios adalides que se ungen como los abanderados de la pureza norteamericana. Sus estrategas saben que fomentar la animadversión contra los emigrantes es una apuesta que rinde beneficios. Hay millones de electores blancos pertenecientes a las clases medias y bajas, siempre proclives a la recepción de estos mensajes xenófobos y racistas. Los han cultivado y adulado no sólo políticos destemplados como Donald Trump, sino refinados miembros de la inteligencia, como Samuel Huntington. Hace una década, este académico publicó un libro con el provocador título de ¿Quiénes somos?, para hacer alusión a los peligros que enfrenta Estados Unidos derivados de la crisis de identidad, causada por los migrantes latinoamericanos, en particular los mexicanos. Ha sido este texto uno de los principales abrevaderos teóricos de la xenofobia y el antimexicanismo que recorren las candidaturas republicanas. Buena parte de los discursos derechistas lo invocan y no en balde uno de sus críticos decía que Huntington es Pat Buchanan (uno de los viejos aspirantes a Presidente de la ultraderecha, quien escribió varios libros) con “pies de página”.

Pero, ¿Es cierto que los Estados Unidos están en vías de enfrentar retos divisionistas en su unidad nacional?. Fuera de algunos despistados supremacistas blancos quienes han hablado de separar Texas de la unión americana, no hay indicio que lleve a pensar en secesionismo alguno. Menos aún en el inminente “peligro mexicano” que tanto les ha servido como espantajo a candidatos, locutores y autores de libelos para azuzar a los temerosos habitantes de los suburbios en las ciudades medias. Ann Coulter, por ejemplo, escritora y conductora de esta clase, se hace la graciosa para difundir el mismo infundio de Trump: “¿No quieres que te maten en Siria?. No vayas. ¿No quieres que te mate o robe un mexicano?. No hay nada que puedas hacer”.

La cuestión de las identidades nacionales puede derivar a hacia un conflicto político de grandes dimensiones, cómo es el que se enfrenta en España con el proyecto separatista de Cataluña. Es decir, la idea de que las señas propias, el alma colectiva, están siendo atropelladas o borradas por la pertenencia a un Estado cuyas fronteras políticas y jurídicas no son coincidentes con los de la nación, es posible que provoque

el desgajamiento de una gruesa porción de la comunidad política, como quiere hoy un vasto número de catalanes. En Estados Unidos esto no sucede. Sin embargo, el acenso en las encuestas de candidatos que hablan de expulsar a once millones de migrantes o de “bombardear con drones las cuevas donde se ocultan” (según proponen Trump y Ben Carson, médico afroamericano quien ha subido en las preferencias) muestra cómo es posible construir una estrategia política exitosa con base en falacias, con tal de tocar esas fibras sensibles constituidas por prejuicios, temores, aversiones, generalizaciones, (a mi vecina la atacó un indocumentado mexicano: todos son iguales), mitos, pasiones e instintos agresivos. En contra de esta maraña de malas vibras, poco pueden hacer las razones e incluso el conocimiento de experiencias históricas.

Una de estos antecedentes es la expulsión de un millón de mexicanos en los años treinta, de los cuales arriba del medio millón tenían la nacionalidad norteamericana. Los daños causados a estas familias fueron indecibles. Muchos murieron y la mayoría perdió su patrimonio. Poco se sabe de esta tragedia, cuyo conocimiento ahora se recupera gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes en California, quienes pidieron a las cámaras de senadores y diputados de esa entidad, que recomendaran su inclusión en los libros de texto, que hablan de otras atroces persecuciones como la de los judíos en Alemania y se olvidan de las ocurridas en su propia tierra. Ambas cámaras votaron a favor y quizá los niños californianos puedan en el futuro darles lecciones de historia a los políticos racistas.

Abiertamente, algunos candidatos a ocupar el puesto de mayor responsabilidad global en el mundo, se pronuncian en contra del multiculturalismo. Rechazan la coexistencia de varias culturas en una misma sociedad. La quieren homogénea, grisácea, sin colorido. Otro signo de ignorancia y prepotencia. Si Estados Unidos ha gozado de inventiva y ha podido hacer aportaciones decisivas a la civilización, es porque ha condensado en su seno las fuerzas culturales y los saberes de incontables pueblos. Y ello ha sido posible no por la acción de religiosos intolerantes, políticos ambiciosos o empresarios protagónicos, sino por la de sus intelectuales, científicos y trabajadores de todos los órdenes.

En otro tiempo, cuando en México estrenábamos nacionalidad construyéndola con un barro en el cual se mezclarían criollos, mestizos de todas las combinaciones, pardos, morenos, blancos, negros, indígenas de infinidad de naciones y lenguas, Fray Servando Teresa de Mier les reclamaba a los hispanos redactores de la Constitución de Cádiz discriminadora de los afrodescendientes:

“Yo solo preguntaré ¿quales (sic) son los Españoles que no tienen origen en África? Porque de allá eran los Celtas, los Iberos, los Fenicios, los Cartagineses, antiguos progenitores de los españoles, y mas modernos los Moros (con quienes se mezclaron todos los españoles hasta sus reyes)”.

Así, se les ha preguntado a los “defensores” de la identidad norteamericana: ¿Y de dónde vienen la mayoría de los norteamericanos?. La respuesta es: de las oscuras prisiones europeas, de las persecuciones religiosas y políticas, de las masas empobrecidas en todo el mundo, de los ejércitos vencidos y también de los hombres y mujeres de corazón fuerte que decidieron jugársela para construir una nueva vida. Entre ellos, por cierto están millones de trabajadores mexicanos, estudiantes brillantes, técnicos, maestros, médicos, científicos. Cualquier análisis elemental, prueba que lejos de poner en riesgo esta identidad, la fortalecen y señala.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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