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México

La ilegalidad, el problema de Uber: taxistas

Los taxistas de la Ciudad de México no aceptarán las operaciones de servicios de transporte como Uber y Cabify en la calles de la capital, pese a las intenciones del gobierno local por regularizarlas.

En conferencia de prensa este miércoles a las afueras del edificio del ayuntamiento, Daniel Medina, vocero de la asociación de Transportistas Unidos de la Ciudad de México (TOCDMX), insistió en la ilegalidad en la que se mueven estas empresas, “aprovechando la necesidad de los mexicanos para incitarlos a delinquir”.

Una fortuna ilegal que ya alcanzó los 40,000 millones de dólares, al aprovechar las ventajas tecnológicas para burlar las leyes de tránsito de varios países”, señaló el dirigente.

Medina recalcó que los conductores y los usuarios de Uber —un servicio en el que el transporte se contrata a través de una aplicación de teléfono móvil— no tienen protección alguna, citando lo dispuesto en el sitio web de la empresa que señala su función solo como un intermediario.

La semana pasada, la asociación de taxistas mantuvo un encuentro con autoridades del gobierno capitalino. Entre los acuerdos citados este miércoles está la realización de operativos por parte del Instituto de Verificación Vehicular del Distrito Federal (Invea) y que la Secretaría de Seguridad Pública aplique el reglamento de tránsito en estos casos.

El Invea informó que dentro de sus operativos de patrullaje se contempla la detención de automóviles de Uber y Cabify al no contar con una concesión o permiso oficial.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, negó que hubiera una persecución contra estas unidades y dijo que solicitó al titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) presentar una propuesta de solución, entre ellas, que operen bajo el marco legal tanto en concesión como tarifas, al igual que los demás taxistas.

Pero aún con una regularización de Uber y Cabify, TOCDMX considera que sigue habiendo un problema de legalidad si se pretende cambiar de manera “unilateral” los derechos y obligaciones que emanan de la Ley de la Movilidad.

“La ley establece procedimientos legales para poder generar concesiones en la ciudad, si damos por cierto que la Ciudad de México es la ciudad con más taxis en el mundo, esto invalida la pretensión del gobierno de dar más concesiones que sólo provocarían más sobreoferta en el servicio y más empobrecimiento del sector, lo estrangularía”, dijo a CNNExpansión Ignacio Rodríguez, otro de los vocero de TOCDMX.

Rodríguez incluso indicó que para evitar prácticas monopólicas un concesionario tiene derecho solo a cinco concesiones, “¿cómo pretenden concesionar por miles a estas empresas extranjeras?”, añadió.

Durante la conferencia de prensa, Rodríguez aseguró que el gobierno de la Ciudad de México ha propuesto crear una aplicación móvil parecida a la de Uber para todos los taxistas, la cual sería administrada por el mismo gobierno capitalino, aunque hay aristas al respecto.

“No contamos con ese gran capital para la campaña de publicidad que Uber está haciendo, sobre todo en los medios electrónicos”, dijo en conferencia el vocero de la asociación de taxistas.

TuTaxi y Génesis, son algunos de los grupos de taxistas que ya manejan aplicaciones para conectarse con sus usuarios, una idea que para Rodríguez es funcional siempre y cuando sea con taxis legalmente concesionados.

“Estamos aplicándonos el sentido que nos marca la modernidad, estamos denunciando que se haga de manera ilegal”, aseguró Ignacio Rodríguez.

Fuentes de Uber dijeron no contar con una postura ante especulaciones sobre este tema. Mientras que Cabify aseguró no tener comentario o postura hasta el momento.

cnnexpansion

Foto: Jorge Eduardo Gómez.

Las redes sociales, el nuevo frente en esta batalla

Usuarios de Twitter en México han hecho tendencia la etiqueta #UberSeQueda que para los taxistas del DF no es más que una campaña manipulada y financiada por la misma compañía con sede en San Francisco, California.

“Hay los llamados bots que se encargan, todo el día y por diferentes cuentas de Twitter, de estar subiendo estos mensajes; el texto es el mismo”, apuntó Ignacio Rodríguez a medios, y señaló que es una forma de “desacreditar” a su gremio.

Daniel Medina cuestionó la propuesta del Jefe de Gobierno de regularizar Uber y consideró que es solo una respuesta ante presión generada por este activismo en redes, el cual es propiciado por el acuerdo al que la asociación de taxistas llegó con las autoridades capitalinas.

México

Poder Legislativo declara constitucional la reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.- El Congreso de México declaró este viernes constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.

“A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (…) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”, declaró el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también diputado plurinominal de extracción morenista.

Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.

Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y MC en ambas Cámaras del Congreso, quienes expresaron que la acción de constitcuionalidad “es una fiesta” exclusiva del oficialismo, así como el “consumado atraco a la nación”.

La acción se da a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos mil 200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma, recurriendo a instancias nacionales e internacionales.

Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense, han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.

Este viernes un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia.

Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF. “Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones”,, dijo Godoy.

Hasta ahora, la reforma judicial cuenta con más de los 17 votos por legislaturas locales que exige la Constitución mexicana para ser declarada constitucional y ser remitida al titular del Ejecutivo, López Obrador, para su oficialización y entrada en vigor.

Las legislaturas que dieron ya su aval son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México. En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.

Una vez hecha la declaratoria de constitucionalidad por la Cámara de Diputados, se dará trámite al presidente López Obrador para su publicación oficial y posterior entrada en vigencia.

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