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La industria turística en México pierde 114 empleos cada hora

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Uno de los sectores económicos más golpeados por la emergencia sanitaria que ha provocado la COVID-19 es el turismo, ya que debido a las restricciones de movilidad para reducir la propagación del nuevo coronavirus, esta industria pierde 114 empleos por hora en todo el país.

Estos son datos del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, el cual ha contabilizado hasta el momento 3.1 millones de empleos, cuando en este mismo mes del 2019, la cifra era de 4.1 millones de trabajos. Las industrias que más se han visto afectadas son las aerolíneas y los hoteles.

No obstante, el número podría ser mayor, se señaló en el reporte sobre el impacto de la pandemia publicado este lunes, pues la estimación en relación a los empleos perdidos no considera un escenario en donde las empresas quiebren.

Durante este periodo, la industria turística pierde cerca de 4 mil millones de pesos diarios por consumo durante la emergencia sanitaria, debido a la inactividad. Esta cifra representa un equivalente al 80% del presupuesto total que la Secretaría de Turismo (Sectur) tenía previsto para este año.

Otro elemento en contra para el turismo mexicano es que el cierre de las actividades hoteleras y la disminución de viajeros tanto nacionales como extranjeros dejarán un vacío fiscal de alrededor de 101 mil 500 millones de pesos. La principal causa de esto será la falta de contribución IVA, así como al ISR.

Por si esto fuera poco, el bajísimo número de extranjeros que llegan al país generará una reducción de 3 mil 500 millones de pesos por los derechos que pagan los visitantes internacionales, el cual es conocido como Derecho de No Residente (DNR), y que en la actualidad se destina al financiamiento del Tren Maya, al sureste mexicano.

De acuerdo con Francisco Madrid Flores, director general de Cicotur y ex subsecretario de Operación Turística de la Sectur en el gobierno de Felipe Calderón, el turismo representó el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2018, pero para este año, ese porcentaje caería hasta el 4.9% a causa de las afectaciones que ha traído la pandemia del nuevo coronavirus.

Las estimaciones respecto a la baja del PIB nacional apuntan a una caída del 7 por ciento. De ese dato, dijo Madrid Flores durante una conferencia virtual, “más de la mitad se explicará por la baja de la actividad turística”, pues en este rubro se registraría un desplome del 3.8 por ciento.

Además, las previsiones por parte del Cicotur apuntan a que el consumo turístico caerá 1.6 billones pesos, es decir, casi una cuarta parte del presupuesto de egresos de la Federación para el 2020. O bien, la cantidad suficiente para construir 11 trenes Mayas y ocho refinerías de Dos Bocas, según cálculos del diario La Jornada.

Cabe mencionar que una encuesta realizada para el reporte del centro de investigación universitario entre las empresas de este sector señaló que la recuperación de la industria turística, al cierre de año, será del 46% en relación a los visitantes nacionales y del 55% para los internacionales.

Por esta situación, explicó Madrid durante una entrevista con al revista Forbes México la semana pasada, es necesario reconocer al turismo como un elemento de suma importancia en la recuperación de la economía del país.

“El turismo tiene que ser una prioridad, debe recibir un trato diferente a otros sectores. Nos vamos a encontrar con que la afectación del turismo va a ser tan fuerte que no solamente es que la economía no le dé al turismo, sino que el turismo le va a quitar a la economía, por eso tendría que solventar esa política pública a nivel federal y local”, explicó.

Fuente: Infobae

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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