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La mayoría de los «municipios de la esperanza» no retoma actividades

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Los gobernadores de Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Puebla y Guerrero decidieron mantener las medidas de distanciamiento social en los «municipios de la esperanza» de sus estados, pese que están autorizados para retomar actividades en medio de la pandemia de coronavirus que atraviesa el país.

La semana pasada el gobierno federal dio luz verde para que este lunes poco más de 300 «municipios de la esperanza», distribuidos en 15 estados del país, reiniciaran actividades escolares, en el espacio público y laborales, pero los mandatarios estatales han optado por mantener las restricciones bajo el argumento de evitar contagios de COVID-19.

Son al menos 269 los municipios que no retomarán actividades: Oaxaca (213), Jalisco (23), Puebla (13) y Guerrero (12) y Chihuahua (8).

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que no se retomarán actividades educativas en los 213 «municipios de la esperanza» del estado y que se hará una evaluación para reanudar actividades económicas y sociales a partir el próximo 1 de junio.

En un videomensaje, el político priista explicó que la decisión fue tomada en conjunto con las autoridades municipales. Detalló que pese a que esas localidades tienen en luz verde en el semaforo implementado por el gobierno federal, decidieron acogerse a la luz amarilla, situación en la que se encuentra el resto del estado.

El color amarillo del semáforo implica que podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricciones. En el espacio público abierto, como parques y jardines, con restricciones menores; mientras que el espacio público cerrado —templos religiosos, museos, cines, teatros y restaurantes—, de manera reducida.

Explicó que las clases continuarán a través del programa «Aprende en casa» y que a partir del primer día del próximo mes se aplicará un programa de reactivación económica con una inversión de 3,500 millones de pesos en el sector de la construcción.

Fuente: Expansión

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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