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La mayoría de los «municipios de la esperanza» no retoma actividades

Los gobernadores de Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Puebla y Guerrero decidieron mantener las medidas de distanciamiento social en los «municipios de la esperanza» de sus estados, pese que están autorizados para retomar actividades en medio de la pandemia de coronavirus que atraviesa el país.

La semana pasada el gobierno federal dio luz verde para que este lunes poco más de 300 «municipios de la esperanza», distribuidos en 15 estados del país, reiniciaran actividades escolares, en el espacio público y laborales, pero los mandatarios estatales han optado por mantener las restricciones bajo el argumento de evitar contagios de COVID-19.

Son al menos 269 los municipios que no retomarán actividades: Oaxaca (213), Jalisco (23), Puebla (13) y Guerrero (12) y Chihuahua (8).

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que no se retomarán actividades educativas en los 213 «municipios de la esperanza» del estado y que se hará una evaluación para reanudar actividades económicas y sociales a partir el próximo 1 de junio.

En un videomensaje, el político priista explicó que la decisión fue tomada en conjunto con las autoridades municipales. Detalló que pese a que esas localidades tienen en luz verde en el semaforo implementado por el gobierno federal, decidieron acogerse a la luz amarilla, situación en la que se encuentra el resto del estado.

El color amarillo del semáforo implica que podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricciones. En el espacio público abierto, como parques y jardines, con restricciones menores; mientras que el espacio público cerrado —templos religiosos, museos, cines, teatros y restaurantes—, de manera reducida.

Explicó que las clases continuarán a través del programa «Aprende en casa» y que a partir del primer día del próximo mes se aplicará un programa de reactivación económica con una inversión de 3,500 millones de pesos en el sector de la construcción.

Fuente: Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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