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LA MITOMANÍA DE FRANCISCO MARTÍN MORENO Por Luis Villegas

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Siguiendo con el análisis de este mitómano, lo más triste no es que escriba los despropósitos que escribe, lo más triste es que, en México, en términos generales, desconozcamos la historia patria y lo poco que se lea deba proceder de un sujeto que no solo no es historiador, sino que además en un mal novelista, un pésimo escritor y para colmo un sectario. Porque así es, Martín Moreno en su afán de hacer prosperar sus ideas incurre en todos los vicios que la atribuye a sus adversarios, entre otros, el fanatismo, la calumnia y las verdades a medias; lo que de entrada lo descalifica como historiador pues no se puede (no se debe) escribir historia desde el prejuicio.

Esa falta de objetividad lo lleva a inventarse un título para su obra y a inventarse un índice. ¿Ejemplos? Abundan. Examinemos unos pocos casos. En “Cien Mitos de la Historia de México” (I y II),[1] en el índice del tomo I, se leen, como supuestos mitos: “Madero nunca gobernó por los espíritus”, “Juárez vendió territorio nacional”, “los antiguos mexicanos no eran antropófagos”, “el Cinco de Mayo el clero estuvo con la patria”, o “Vasconcelos, el demócrata”; de estos, ¿el asunto de Francisco I. Madero es un mito? ¿Quién, por amor de Dios, lo ha sostenido en letra de molde?

 

Como ocurre con el supuesto mito de que “México se fundó donde un águila devoraba a una serpiente”, este es otro mito inexistente. En ningún momento, ningún historiador o glosador de la historia nacional ha sostenido que Madero nunca gobernó por los espíritus; y nadie lo ha hecho por la simple y sencilla razón de que las creencias espiritistas de don Pancho Madero son un asunto que se ha revelado de manera paulatina, como ocurrió con la vida privada de Miguel Hidalgo, que ha salido a la luz hasta hace muy poco.[2] El de Madero no puede ser un mito por la simple y sencilla razón de que ese aspecto de su biografía permaneció ignorado por décadas. Aunque ese silencio se puede ver como algo sospechoso, lo cierto es que considerado por sí mismo no nos dice nada; la falta de referencia a un hecho puede tener su origen en multitud de razones: El desconocimiento, la falta de archivos, la censura e incluso la cercanía temporal de los hechos a examinar (en el estudio de la historia cincuenta o cien años no son nada). Ejemplo de que la omisión en la expresión de un dato no tiene ningún significado lo tenemos en el propio don Martín (tililín, tililín), quien, no solo inventa mitos, sino que soslaya auténticas y decisivas influencias en la historia nacional desde el surgimiento de la República hasta nuestros días, como es la masonería.

 

En efecto, masones fueron Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas del Río e Ignacio Comonfort; pero sobre todo a, partir del inicio de la Revolución y hasta finales del siglo pasado, tenemos que fueron destacados miembros de la masonería: Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Pese a ello, en la obra de Martín Moreno no existe una sola palabra a ese respecto; y eso que en múltiples apartados de su libro hace cuestionamientos muy duros al desempeño de algunos de estos mandatarios de quienes, mañosamente, omite la referencia expresa a ese vínculo insoslayable y más que probado. Me explico: A la Iglesia Católica, como tal, la hace culpable de todos los males habidos y por haber en la historia patria; en cambio, a la masonería, como institución universal, no le dedica ni siquiera un artículo o, peor aún, no se atreve a intentar un análisis de la misma relacionando hechos y nombres. Y lo que es más grave, a uno de sus mitos lo titula precisamente así: “Los masones eran el demonio”; y escribe: “Durante más de dos siglos la iglesia católica se ha dedicad a desprestigiar a los masones”. Dicho de otra manera, las acciones negativas de algunas personas, clérigos o no, deben forzosamente atribuirse a la iglesia; las actos deleznables de algunos masones tan destacados como los que acabamos de enlistar les son atribuibles a ellos en lo personal, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo y bajo qué criterios, debemos imputarle a los hombres la responsabilidad personal de su actuar? ¿Y cuándo a la institución espiritual que los forma, los guía o de la que forman parte? Ese exceso y ese silencio cobarde lo vemos repetido una y otra vez. Escribe: “Que quede claro: aunque es cierto que algunos sacerdotes defendieron a los indígenas, la mayoría de ellos colaboraron con los conquistadores y se convirtieron en los explotadores de sus fieles”; la pregunta es obligada: ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser que algunos sacerdotes colaboraran con los conquistadores y se convirtieran en explotadores de sus fieles y la mayoría de ellos defendieran a los indígenas? Martín desentierra supuestos nombres, cifras o datos y a través de densos párrafos intenta vincularlos a toda costa con la Iglesia Católica en sus aspectos negativos; en cambio, al hablar del panteón de nuestros héroes o de los gobernantes de los últimos tres cuartos del Siglo XX, y sus probados vínculos con la citada institución, su reflexión no cabe en un párrafo. Dicho de otro modo, de acuerdo a la lógica martinmoreniana, esa omisión de su parte solo puede explicarse como una omisión voluntaria y tendenciosa. Lo que es un absurdo porque así no se escribe la historia.

 

A uno de sus artículos lo nombra: “Los antiguos mexicanos no eran antropófagos”; el supuesto mito es que en algún momento, alguien, en el examen de la historia, afirmó que los antiguos moradores del territorio nacional no eran antropófagos. ¿Es así? ¿Quién ha sostenido ese supuesto “mito”? Para su desgracia, uno de los hombres que más aborrece, José Vasconcelos, escribió muchos años antes que él: “Los indios nunca habían tenido propiedad individual; […] No solo la posesión de la tierra era entre ellos precaria; la vida misma y la honra estaban a merced de un militarismo brutal, totalmente decaído en la pederastia y el canibalismo más descarados”.[3] Es decir, un intelectual, un ex-Secretario de Educación, un hombre con vínculos inconfesables con todo lo que Martín Moreno más aborrece (según su parecer), denunció la antropofagia de los antiguos habitantes del territorio nacional casi 60 años atrás. ¿Cuál mito entonces? Pero eso no es lo más delicado, lo más absurdo es que este pseudohistoriador se refiera a estos indígenas como “antiguos mexicanos” sin reparar en el hecho inocultable de que lo “mexicano” es una producto relativamente nuevo en la historia del mundo e involucra, por fuerza, al ingrediente español. Sin conocerlo, sin reparar en él, sabiamente José Vasconcelos lo refutó casi seis décadas antes: “Antes de la llegada de los españoles, México no existía como nación”.[4] Más desafortunado, si cabe, es el siguiente párrafo que escribe Martín Moreno en apoyo de su tesis: “Los apaches y los comanches celebraban dos tipos de festividades caníbales”; ¿Apaches? ¿Comanches? Sí, así como lo lee; sin duda, este es un adelanto del tercer tomo de su obra en donde despeje el mito: “Los apaches y los comanches no eran mexicanos”. Esa inexactitud, esa frivolidad, se aprecia de manera constante en toda su obra. Eso es lo que la hace ilegible e intragable.

 

Continuará…

Luis Villegas Montes.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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