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La ONU exige investigar al presidente filipino por homicida

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El jefe de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades filipinas investigar al presidente Rodrigo Duterte por asesinato debido a que él mismo aseguró haber matado a personas, y también examinar el «impactante número de asesinatos extrajudiciales» durante su campaña contra las drogas, que ha dejado más de 6 mil personas muertas.

(Las autoridades judiciales filipinas) deben demostrar su compromiso de defender el estado de derecho y su independencia del Ejecutivo mediante el lanzamiento de una investigación de homicidio», aseguró el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

Es impensable para cualquier sistema judicial en funcionamiento no iniciar procesos de investigación y judiciales cuando alguien ha admitido abiertamente ser un asesino», agregó el funcionario de la ONU en un comunicado emitido en Ginebra el martes.

Desde que asumió el cargo en junio, Duterte ha supervisado obsesivamente la campaña contra las drogas y el narcotráfico.

Funcionarios del gobierno filipino han defendido las acciones policiales de esa campaña y el presidente ha respondido airadamente contra quienes la han cuestionado.

ASESINO CONFESO
El llamamiento de Zeid fue hecho después de que Duterte declaró en discursos recientes que, como alcalde de la ciudad de Davao en 1988, mató a tres presuntos secuestradores durante un tiroteo donde fue respaldado por tres policías. Más tarde aclaró que no estaba seguro de si las balas de su rifle M16 mataron a los sospechosos.

El presidente, que acostumbra hablar de forma impetuosa, también insinuó que cuando era alcalde solía vagar por su ciudad en una motocicleta grande en busca de criminales para matarlos, a fin de dar un ejemplo a la policía.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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