Opinión

La pandemia pesa. Por Itali Heide

Itali Heide

Algún día tendremos que enfrentarnos al tremendo peso colectivo que se puso sobre los hombros de la sociedad gracias a la pandemia. Las enfermedades mentales se han disparado, muchas familias han perdido su seguridad económica, el miedo se ha apoderado de muchas vidas y las personas han cambiado para siempre con la pérdida de sus seres queridos.

Nadie lo pidió, nadie lo quiso, pero no hubo nada que hacer frente a una enfermedad inevitable transmitida por el aire que ha cambiado para siempre nuestra forma de vivir. Por un momento, parecía que nos dirigíamos hacia el otro lado: los restaurantes se llenaban, se planeaban fiestas, se daban besos y abrazos, los conciertos volvían a aparecer y los días festivos se volvían a pasar con los seres queridos. Entonces -de la nada- otra variante vino a arruinar lo que habíamos construido: ómicron.

Más que nada, estamos cansados. Cansados de estar encerrados, cansados de la gente a la que no parece importarle, cansados de la desinformación, cansados de aplazar la vida, cansados de todo. Especialmente aquellos que han puesto de su parte para ayudar a detener la pandemia tomando precauciones y vacunándose. Cansado ni siquiera lo cubre: estamos agotados. La ansiedad se ha disparado, pasar el día en la cama ya no es un lujo, el home office se ha vuelto aburrido y los estudiantes esperan con ansias sentarse en un aula que antes odiaban.

La pregunta que surge es: ¿qué podemos hacer al respecto? Casi parece que volvemos al punto de partida, ya que las pruebas positivas aparecen en todos los círculos sociales y la variante busca a los que aún no se han infectado. ¿Debemos escondernos de nuevo? ¿Recibir otra vacuna? ¿Cancelar todos los planes? ¿Volver a las primeras fases de la pandemia en 2020? Tal vez, pero no al extremo.

La vida sigue, y aunque debamos tomar todas las precauciones posibles, no podemos hacer que las empresas pasen por el recordado miedo a cerrar, no podemos despedirnos de todo el mundo durante los próximos meses, no podemos dejar de trabajar y, desde luego, no podemos dejar de vivir. Dicho esto, absolutamente todas las precauciones que podemos tomar, debemos tomarlas.

Es difícil asimilar lo que ha sucedido en los últimos dos años. A principios de 2020, nuestra mayor preocupación eran los voraces incendios forestales en Australia, que entonces parecían apocalípticos. Aunque la palabra COVID aparecía en las noticias de forma casual, la mayoría de la gente no pensaba que se convertiría en una pandemia mundial que no dejaría piedra sin voltear, ni casa sin tocar, ni mente en paz.

Nos preocupaban las cosas humanas: las relaciones por sanar, los objetivos por alcanzar, el trabajo por terminar, los eventos por planificar, los problemas por resolver. De un día para otro, las preocupaciones se volvieron menos humanas y más apocalípticas: ir a la tienda se sentía peligroso, salir de casa era un reto, el dinero se volvía escaso, la posibilidad de enfermar aterrorizaba y no se veía el final. Dos años después, ¿por qué parece que hemos vuelto al punto de partida?

No quiero parecer desesperado, pero creo que es hora de dar un respiro a nuestras mentes. Podemos hacer lo que esté en nuestra mano para mejorar la situación, pero el resto no está en nuestras manos. Podemos vacunarnos, llevar mascarilla, lavarnos las manos, minimizar el contacto social y cuidarnos. Sin embargo, hay algo que debemos aceptar: no podemos controlar la pandemia.

No es nuestra culpa, y podemos encontrar consuelo en el hecho de que todos en el mundo lo están experimentando con nosotros. La pandemia pesa sobre los hombros de cada persona en el planeta tierra, pero podemos encontrar esperanza en el simple hecho de que la situación es tan loca como parece, para todos. Démonos un respiro.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.