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La paridad de género debe ser un principio y no un techo: Consejera

Además de leyes, es necesario crear condiciones que favorezcan la participación de las mujeres en la política y su acceso a puestos de elección popular, afirmó la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Adriana Favela Herrera, al participar en el Foro “Hacia un balance de la reforma constitucional en paridad de género”, en el Senado de la República.

En la mesa inaugural del foro organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, destacó la importancia de la reforma constitucional en materia de paridad de género, porque permite conocer la visión de las mujeres y, sobre todo, integrarlas a la toma de decisiones del país, pues a pesar de ser más del 50% de la población, en organismos autónomos y en cualquier dependencia federal o municipal hay un gran número de mujeres, pero en cargos menores.

“Sí se necesitan las reformas a nivel constitucional y legal para hacer un cambio cultural y acelerarlo para lograr una mayor presencia de mujeres en los cargos de elección popular; pero además de las leyes, se deben prever las condiciones que favorezcan su participación y combatir la situación cultural”, afirmó.

Ante la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ana Luisa Nerio Monroy; la directora general de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, Martha Patricia Patiño Fierro; la diputada América Rangel Lorenzana y la senadora Nuvia Mayorga Delgado, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, la Consejera Favela agregó que, aunque se ha ido avanzando, la paridad de género debe ser un principio y no un techo para continuar integrando mujeres en órganos de toma de decisiones.

Sugirió que, para avanzar en el tema, se podrían convertir en ley las acciones afirmativas del INE en materia de paridad de género.

Enunció como ejemplo de algunas de estas acciones: que en el Senado de la República la lista de Representación Proporcional sea encabezada por mujeres de manera alternada, que se imponga que cada partido político o coalición postule un hombre o una mujer en cada entidad federativa; que mínimo, en 16 estados las listas de mayoría relativa estén encabezadas por mujeres para que tengan derecho a la asignación de la primera minoría y que la candidatura impar siempre se asigne a las mujeres, entre otras.

La Consejera Favela reconoció que legisladoras mexicanas estén impulsando un cambio cultural, el cual requiere tiempo, “pero se puede acelerar con reformas constitucionales y legales que se implementen adecuadamente, lo cual requiere de la suma de esfuerzos”.

Durante los trabajos del foro, se llevaron a cabo dos mesas de discusión: “Reforma constitucional en materia de paridad de género. Logros y retos para su instrumentación” y “Leyes reglamentarias para hacer efectiva la #Paridadentodo. ¿Qué sigue después de la reforma constitucional?”, con la intervención de expertas y expertos en consultoría, la academia, la investigación, dependencias, diputadas y senadoras.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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