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México

La PGR abre una carpeta más, ahora para Norberto Rivera por encubrimiento de curas pederastas

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la presunta responsabilidad del Cardenal Norberto Rivera Carrera en el encubrimiento de al menos 15 curas pederastas, luego de que activistas, organizaciones y la sociedad civil, encabezados por los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba, presentaran una denuncia.

La PGR inició las averiguaciones el 19 de junio, mientras que los denunciantes acudieron esta semana a ratificar la queja. Se espera que el Cardenal decida si acude o no a comparecer.

El abogado personal de Rivera Carrera, Armando Martínez, precisó que el señalamiento es contra la Arquidiócesis Primada de México, en su calidad de persona moral, y no contra el Cardenal.

Los activistas Valentina Peralta Puga, Saúl Barrales Arellano, Arturo Jurado Guzmán, Salvador Guerrero Chiprés y Manuel de la Peza Cásares, quienes forman parte parte del grupo que impulso el llamado a las autoridades a investigar, aseguran que es un gran avance el llamado que le hace la PGR al Cardenal, pues en la historia reciente no existen antecedentes sobre indagatorias contra líderes religiosos católicos por pederastia.
En 1995, Norberto rivera llegó a ocupar el Arzobispado de México y desde hace al menos 10 años ha sido señalado por proteger pederastas. El Cardenal fue uno de los más férreos defensores de Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo, quien fue obligado a no ejercer más el sacerdocio por acusaciones de pederastia.

La investigación contra el Cardenal se da justo cuando se encuentra en un proceso de renuncia al Arzobispado que comenzó al cumplir 75 años, como lo marca el Derecho Canónico.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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