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México

La PGR apela amparo concedido a Mireles

El Ministerio Público Federal adscrito al Primer Tribunal Unitario con sede en Morelia, Michoacán, interpuso una apelación en contra del amparo concedido al exlíder de los autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, y a sus escoltas Javier Reyes Magaña, Gerardo López Casillas y Salvador Mendoza García.

De acuerdo con la agencia Quadratín, este miércoles se notificó a la defensa de los inculpados la apelación contra el amparo concedido el pasado martes 7 por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito, con sede en Morelia.

El asunto será turnado ahora a un Tribunal Colegiado, a fin de que sea resuelto el amparo en revisión y la defensa de los inculpados pueda defenderlo, y con ello se confirme la sentencia que protege a los quejosos.

Ante ello, se prevé que este nuevo proceso jurídico dure en promedio cuatro meses o quizá más, hasta en tanto se resuelva la revisión solicitada por el Ministerio Público federal.

El martes 7, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito concedió un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el exvocero de las autodefensas.

Tras el juicio de amparo indirecto 52/2014, promovido por los abogados Talía Vázquez y Salvador Navarro, se ordenó al juez Quinto de Distrito de Michoacán que repusiera desde un inicio el caso de Mireles, acusado de portación de armamento de uso exclusivo del Ejército.

Y es que durante su detención se violentaron las garantías individuales del exlíder de autodefensas y sus tres escoltas, según lo estipulan los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna.

En esa ocasión la exabogada de Mireles, Talía Vázquez, detalló que desde el lunes 6 fue notificada de la resolución del magistrado y un día después entregó una copia de la documentación al área jurídica del Cefereso 11, de Hermosillo, donde el exguardia comunitario michoacano permanece preso desde el 30 de junio de 2014.

“Se regresa el juicio al principio y empieza a correr el término constitucional porque el magistrado considera que el juez se equivocó al dictar auto de formal prisión”, subrayó entonces.

La defensora legal explicó que podrían pasar entre 10 y 15 días hábiles para que se diera cumplimiento a esa ejecutoria.
“Haremos (Salvador y yo) las gestiones necesarias para que la nueva resolución no sea auto de formal prisión, sino un auto de libertad”, adelantó Vázquez. Hoy eso parece lejano.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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