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Opinión

La polémica. Por Raúl Saucedo

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Debates culturales y cosas peores

La decisión del 6 de diciembre de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revocar la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México ha reavivado el polarizado debate entre defensores de la tradición taurina y activistas por los derechos de los animales. La disputa se da en un contexto donde algunos estados mexicanos ya han prohibido estas prácticas, mientras que otros luchan por mantener vivo un rito arraigado.

La SCJN, al desestimar el amparo que buscaba la prohibición de las corridas, plantea interrogantes sobre la legitimidad de algunas organizaciones para obtener la suspensión, señalando que la protección del medio ambiente no representa un daño irreparable. Sin embargo, esta decisión ha desatado críticas, especialmente desde el ámbito animalista, argumentando que se trata de un retroceso en la defensa de los derechos de los animales.

Las corridas de toros son parte de una basta tradición cultural en México, pero ¿hasta qué punto la cultura y la tradición deben justificar prácticas que involucran el sufrimiento animal? La Ministra Yasmín Esquivel, promotora de la decisión, ha sido objeto de críticas por presuntamente anteponer sus gustos personales sobre la tauromaquia. Este señalamiento subraya la importancia de desligar las decisiones judiciales de preferencias individuales para garantizar un enfoque imparcial.

Por un lado, los defensores de las corridas argumentan que la prohibición no debería imponerse basándose en los gustos de una minoría y que la industria taurina genera empleos rurales, industriales y de servicio, no obstante, esta postura choca con la creciente conciencia social sobre el trato ético a los animales y la evolución de las leyes que buscan protegerlos.

México, con solo cuatro estados de los 32 prohíben las corridas de toros, refleja la diversidad de opiniones sobre esta práctica. La discusión sobre su prohibición debería ser un diálogo nacional que respete la diversidad. La sociedad debe decidir sobre esta práctica que ha sobrevivido a través de los siglos y el Congreso debería retomar la iniciativa para legislar sobre este tema.

En última instancia, más allá de las decisiones judiciales, la evolución de la sociedad y la conciencia colectiva determinarán el futuro de las corridas de toros en México. La historia juzgará si esta práctica se mantuvo como un vestigio cultural arraigado o si cedió ante una exigencia respeto para todas las formas de vida.

Abordar estos temas social y jurídicamente debería de poner en tela de escrutinio filosófico la violencia selectiva de la humanidad, donde podremos analizar a través de la historia y en la actualidad los escenarios donde la muerte, la sangre y el sadismo son bien vistos y en donde no, ahí quizá muchos se sorprenderían conforme a su manera de ver la tauromaquia.

Si usted apreciable lector llego hasta este punto de la columna sin tener un juicio previo de ella quiere decir que quizá usted no es un fanático de una bandera u otra dentro de este circo romano del siglo XXI.

Yo por mi parte me despido porque tengo una cita a un funeral el domingo 28 de enero en punto de las 4:30 pm, donde no se quien morirá a ciencia cierta, pero sé que habrá un festín de paellas, vino tinto y labios carmesí que combinaran con el ruedo, todo esto mientras un paso doble de fondo me recordara mi estancia en Granada y a la casa del abuelo…. y así con la libertad como mérito propio celebrare mi estancia terrenal un año más.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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