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“La politización de la seguridad solo beneficia a la delincuencia”: Alianza Federalista de gobernadores

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La alianza formada por gobernadores de diez entidades de México señaló el pasado 23 de septiembre que politizar la seguridad favorece a los criminales al expresar su apoyo al estado de Chihuahua frente a lo que calificaron como “revanchismo federal”.

En una reunión en Ciudad de México, la Alianza Federalista de gobernadores resaltó que la seguridad pública “no puede ser rehén de disputas políticas” y que hacerlo “solo beneficia a la delincuencia y agravia a la sociedad”.

Calificaron de grave precedente el anuncio del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, de que en Chihuahua se desvincularían las acciones de las instituciones estatales de las que efectúan las fuerzas federales.

Esta decisión constituye un grave precedente, no solo en Chihuahua, sino para el resto de los estados pues “en una República viva, siempre habrá diferencias o temas de controversia”, señalaron los gobernadores.

“La situación de violencia generada por las asociaciones delincuenciales en el país nos obliga a empeñar los mayores esfuerzos en beneficio de la población”, dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

La Alianza Federalista reiteró su “palpable” muestra de solidaridad con Chihuahua ante lo que denunciaron como “actitud revanchista del Gobierno federal en materia de seguridad”.

El gobierno de Chihuahua mantiene diferencias con el gobierno del presidente López Obrador, en relación con el cumplimiento de un acuerdo con Estados Unidos que conlleva extraer agua de la presa La Boquilla para enviarla a ese país.

La seguridad de los habitantes de Chihuahua debe ser una prioridad para todas las instituciones por la rechazaron que el conflicto por el agua de La Boquilla interfiera con las acciones en seguridad pública.

Sobre el Paquete Económico del 2021 que el gobierno de López Obrador presentó ante el Congreso para su revisión y aprobación, los gobernadores exigieron la reposición del “Fondo para la Seguridad Pública» que fue eliminado del presupuesto.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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