La alianza formada por gobernadores de diez entidades de México señaló el pasado 23 de septiembre que politizar la seguridad favorece a los criminales al expresar su apoyo al estado de Chihuahua frente a lo que calificaron como “revanchismo federal”.
En una reunión en Ciudad de México, la Alianza Federalista de gobernadores resaltó que la seguridad pública “no puede ser rehén de disputas políticas” y que hacerlo “solo beneficia a la delincuencia y agravia a la sociedad”.
Calificaron de grave precedente el anuncio del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, de que en Chihuahua se desvincularían las acciones de las instituciones estatales de las que efectúan las fuerzas federales.
Esta decisión constituye un grave precedente, no solo en Chihuahua, sino para el resto de los estados pues “en una República viva, siempre habrá diferencias o temas de controversia”, señalaron los gobernadores.
“La situación de violencia generada por las asociaciones delincuenciales en el país nos obliga a empeñar los mayores esfuerzos en beneficio de la población”, dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.
La Alianza Federalista reiteró su “palpable” muestra de solidaridad con Chihuahua ante lo que denunciaron como “actitud revanchista del Gobierno federal en materia de seguridad”.
El gobierno de Chihuahua mantiene diferencias con el gobierno del presidente López Obrador, en relación con el cumplimiento de un acuerdo con Estados Unidos que conlleva extraer agua de la presa La Boquilla para enviarla a ese país.
La seguridad de los habitantes de Chihuahua debe ser una prioridad para todas las instituciones por la rechazaron que el conflicto por el agua de La Boquilla interfiera con las acciones en seguridad pública.
Sobre el Paquete Económico del 2021 que el gobierno de López Obrador presentó ante el Congreso para su revisión y aprobación, los gobernadores exigieron la reposición del “Fondo para la Seguridad Pública» que fue eliminado del presupuesto.
