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Opinión

La Reforma. Por Raúl Saucedo

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El Desafío e Implicaciones Electorales

Una anhelada reforma judicial desde hace años ha sidopropuesta y ha llegado al Congreso Federal, marcando un hito en la agenda legislativa y desatando un intenso debate en la esfera política mexicana. La iniciativa, liderada por elEjecutivo Federal, busca una transformación en la judicatura federal, proponiendo la remoción de los actuales miembros y su reemplazo por nuevos jueces elegidos mediante voto popular.

La propuesta legislativa, presentada en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917, abarca una serie de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las medidas más notorias se encuentra la elección popular de cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. La primera elección para estos cargos se llevaría a cabo en junio de 2025.

Sin embargo, la materialización de esta reforma enfrenta desafíos considerables, ya que requiere el apoyo de la oposición en el Congreso, algo que se vislumbra complicadodado el contexto electoral de este año (¿o no?). A pesar de ello, la agenda política podría beneficiarse al mantener en la campo el tema de los jueces, a quienes se les señala por algunos actores  de diferentes situaciones personales y políticas.

La propuesta también incluye cambios sustanciales en el Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura. La eliminación de las dos salas del Supremo, la restricción de las suspensiones de normas generales y la reducción de la Suprema Corte a nueve ministros son medidas adicionales que buscan reconfigurar el sistema judicial.

La reducción de la Corte y el proceso de selección de ministros también se encuentran entre las modificaciones más destacadas. La propuesta establece que el Ejecutivo, el Supremo y el Congreso presentarán listas de candidatos, y los nuevos ministros tendrán periodos de 8, 12 y 14 años según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.

Un punto controversial es la pérdida de beneficios para los ministros salientes, quienes no recibirán «haber por retiro», una prestación por encima de la ley que incluye una pensión vitalicia. Además, se establecen requisitos estrictos para los candidatos a ministros, como tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales.

La propuesta también aborda la fiscalización de los procesos electorales judiciales, con la participación del INE y la revisión de impugnaciones por parte del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, dependiendo del cargo en disputa.

Finalmente, la iniciativa busca una equiparación salarial entre el presidente y los jueces federales, imponiendo ajustes salariales y prohibiendo a los jueces salientes litigar asuntos ante el Poder Judicial durante los dos años siguientes.

Aquí el cuestionamiento apreciable lector es si usted considera que actualmente esta reforma beneficiaria al sistema político mexicano, en miras de lo vivido en diferentes sexenios y sobre todo con la “cultura participativa y democrática” que tiene el país, en lo personal creo que una reforma de tal envergadura necesita cimientos democráticos en su población mas arraigados. La agenda política, esta en Marcha…

@Raul_Saucedo

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Opinión

El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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