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México

La SCJN investiga a magistrados que liberaron a Caro Quintero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió el expediente de un juez que dejó en libertad al ex jefe del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero,

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió el expediente de un juez que dejó en libertad al ex jefe del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y solicitó un informe al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre la actuación de los magistrados que fallaron a su favor, con lo cual se interrumpió una sentencia por asesinato de un agente de la DEA y narcotráfico de 40 años.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia indicaron que los ministros lo revisarán para saber si los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Unitario y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Estado de Jalisco, que fallaron a favor de Caro Quintero, procedieron conforme a derecho al beneficiar al capo sinaloense.

Caro Quintero abandonó la cárcel el viernes pasado, cuando los magistrados determinaron que por no ser el agente de la DEA asesinado, Enrique Camarena Salazar, diplomático ni personal consultar, no podía haber sido juzgado por un tribunal federal, sino por uno del fuero común. Al señalar que hubo un error procesal, lo dejó en libertad.

-Los primeros sorprendidos fuimos nosotros –declaró ayer el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al confirmar que espera saber a detalle tanto los argumentos de la defensa como los elementos en los cuales se basaron los juzgadores.

“No quiero prejuzgar”, aclaró cuando se le pidió su opinión personal. Esperará estudiar a profundidad para formar o emitir un juicio, agregó.

-Ahora todo mundo puede argumentar errores en el debido proceso para salir libre –se le dijo.

No, rechazó el togado, “hay de errores a errores en el debido proceso” y de haberlos no suponen la liberación inmediata del procesado. Por eso rechazó la liberación masiva de indiciados.

Regularmente, explicó, esta decisión judicial lleva a la reposición del procedimiento. Es decir, un nuevo juicio donde se eliminen las fallas detectadas y se den validez a las pruebas de cargo y descargo presentadas.

El ministro Zaldívar Lelo de Larrea rechazó cualquier comparación entre los juicios de amparo por fallas procesales entre Rafael Caro Quintero y Florence Cassez. “Son cosas totalmente distintas”, puntualizó.

La francesa no tuvo acceso a la defensa, no contó con protección consular y se escenificaron los delitos con alternaciones. Con el famoso capo mexicano la justicia argumentó habérsele procesado en un fuero federal delitos del fuero común.

Remitió a los criterios dictados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de junio pasado tras revisar ocho juicios de amparo, donde a la letra se establece:

“Conexidad de delitos. La facultad del juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el código penal federal”.

Agregó:

“Esencialmente se determinó que la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde éste se hubiere cometido (local), a menos que se surtiera alguna causal por la que éste debiera considerarse del orden federal”.

En consecuencia, asentó la sala por mayoría de votos, “ante el incorrecto ejercicio de dicha competencia constitucional, tendría que ordenarse la reposición del procedimiento, únicamente para el efecto de que las autoridades jurisdiccionales federales, procedieran a la adecuación típica de sus resoluciones, mediante la aplicación tanto de normas federales y locales, según corresponda en cada caso concreto en atención a la naturaleza del delito”.

Hecho lo anterior, concluye, “continuaran con la tramitación del procedimiento hasta su finalización, sin que el amparo implique la libertad de ninguno de los quejosos”.

Revisarán la liberación

La liberación de Rafael Caro Quintero exhibe un ridículo de la justicia mexicana y abre un riesgo: la excarcelación masiva de grandes criminales.

El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se declara sorprendido por cómo se condujo el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Estado de Jalisco.

“Le llaman errores de procedimiento… Con eso cualquiera puede salir libre”, reflexiona con movimientos de lado a lado de la cabeza y ojos grandes tras sus anteojos.

-Como El Mochaorejas (Daniel Arizmendi López, famoso multisecuestrador detenido en Cuernavaca en agosto de 1998)…

-Póngale el nombre que quiera. Yo no recuerdo los nombres, pero todos pueden salir –responde.

Carrancá y Rivas se retira entre interjecciones:

-¡Qué lamentable! ¡Qué ridiculez de la justicia!

Pero celebra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre a la revisión del expediente y de la actuación del juez que ordenó la liberación de Caro Quintero.

Por 24 Horas

caroquintero2-05

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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