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La SCJN ordena que Elektra pague al SAT 2 mil 636 millones de pesos que debe desde 2006

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Grupo Elektra debe pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El SAT ha estado luchando contra Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, en los tribunales durante más de una década y si bien este es solo uno de los ocho casos que existen contra la empresa, la decisión de la SCJN podría afectar todas las demás demandas.

Este día la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, confirmando sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y de un tribunal colegiado de circuito.

En la revisión del amparo 2497/2018, la SCJN resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El año pasado, la titular del SAT dijo que la deuda de Ricardo Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.

De forma previa se resolvió un recurso de reclamación presentado por la empresa, que pretendía detener la resolución del medio de defensa señalado con anterioridad. No obstante, este fallo también fue favorable al SAT y en ambos asuntos los ministros votaron de la siguiente forma:

A favor: La Ministra Loretta Ortiz Ahlf, el Ministro Javier Laynez Potisek y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En contra: Los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales.

En el caso que resolvió la Corte, el SAT señaló a Elektra por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes.

Este caso inició en mayo de 2015 con una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero debido a los recursos de amparo llegó a la Suprema Corte en marzo de 2018.

En febrero del año pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.

Durante el programa “Los periodistas”, conducido por Alvaro Delgado y Alejandro Páez, la funcionaria fue cuestionada sobre cuánto deben las empresas del dueño de Grupo Salinas.

“¿Puede llegar a 40, 40 mil millones de pesos?”, le preguntó Alejandro Páez, cifra que fue confirmada por la funcionaria.

“Lo que resulte a partir del momento que se dé el fallo final o que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y actualiza el importe en pesos reales”, agregó en esa ocasión.

Chihuahua

Maru Campos supervisa desde C7-iA operativo de seguridad durante marcha del 8M

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio seguimiento desde el Centro de Mando C7-iA al desarrollo de la marcha realizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de garantizar que la jornada transcurriera de manera segura, libre y tranquila para todas las participantes.

Durante la tarde de este domingo, la mandataria encabezó una reunión de coordinación con autoridades de seguridad y protección civil, donde se monitoreó en tiempo real el avance de la movilización en la capital del estado.

En el encuentro participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Como parte del operativo preventivo, corporaciones de seguridad, elementos de la Policía Vial, personal de Protección Civil y unidades médicas permanecieron desplegados en distintos puntos de la ciudad para brindar apoyo en caso de ser necesario. Las autoridades señalaron que el dispositivo se implementó privilegiando el respeto al derecho de las mujeres a manifestarse.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el despliegue tuvo un carácter preventivo y de resguardo, sin intervención en el desarrollo de la movilización. El objetivo fue mantener condiciones de tranquilidad durante la jornada y proteger la integridad de quienes participaron.

La administración estatal reiteró su compromiso de garantizar condiciones de respeto, seguridad y libertad para que las mujeres puedan expresarse y ejercer su derecho a la manifestación.

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