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La SCJN ordena que Elektra pague al SAT 2 mil 636 millones de pesos que debe desde 2006

Grupo Elektra debe pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El SAT ha estado luchando contra Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, en los tribunales durante más de una década y si bien este es solo uno de los ocho casos que existen contra la empresa, la decisión de la SCJN podría afectar todas las demás demandas.

Este día la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, confirmando sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y de un tribunal colegiado de circuito.

En la revisión del amparo 2497/2018, la SCJN resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El año pasado, la titular del SAT dijo que la deuda de Ricardo Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.

De forma previa se resolvió un recurso de reclamación presentado por la empresa, que pretendía detener la resolución del medio de defensa señalado con anterioridad. No obstante, este fallo también fue favorable al SAT y en ambos asuntos los ministros votaron de la siguiente forma:

A favor: La Ministra Loretta Ortiz Ahlf, el Ministro Javier Laynez Potisek y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En contra: Los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales.

En el caso que resolvió la Corte, el SAT señaló a Elektra por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes.

Este caso inició en mayo de 2015 con una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero debido a los recursos de amparo llegó a la Suprema Corte en marzo de 2018.

En febrero del año pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.

Durante el programa “Los periodistas”, conducido por Alvaro Delgado y Alejandro Páez, la funcionaria fue cuestionada sobre cuánto deben las empresas del dueño de Grupo Salinas.

“¿Puede llegar a 40, 40 mil millones de pesos?”, le preguntó Alejandro Páez, cifra que fue confirmada por la funcionaria.

“Lo que resulte a partir del momento que se dé el fallo final o que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y actualiza el importe en pesos reales”, agregó en esa ocasión.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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