Opinión

La seguridad no es un asunto político. Por Alain González

A lo largo del proceso electoral 2021, hemos escuchado un sinfín de propuestas. Muchas de ellas atendiendo a las preocupaciones más latentes en la sociedad; la salud, la educación, los servicios básicos, la economía y la seguridad.

Esta última, ha sido utilizada de manera tan repetitiva durante las elecciones recientes que pareciera que existe un incentivo perverso para no mejorarla, manteniendo a la población siempre con la esperanza de que se solucione este mal.

De acuerdo con datos del Índice de Paz México (IPM) 2020, el nivel de paz en nuestro país se ha deteriorado 27.2% en los últimos cinco años, un 4.3% solo en el 2019 y debido en gran medida al aumento de la tasa de crímenes de la delincuencia organizada un 24.3%.

Y si se preguntan, ¿cuál es el impacto económico de la violencia en México? La respuesta, son 4.57 billones de pesos entre las perdidas y el gasto que ocasionan el homicidio, delitos con violencia, la seguridad privada, seguridad interna, gasto militar, el miedo, entre otros. Este impacto económico supera ocho veces la inversión publica en salud y seis veces la inversión en educación.

Estas grandes cantidades de dinero son justificadas y/o solapadas por muchos con tal de que mejoren las condiciones de seguridad en nuestras ciudades. Sin embargo, lo único que mejora son las finanzas de ciertos políticos, que lucran con la seguridad de sus gobernados.

La seguridad es un bien intangible, pero es tan poderoso que es capaz de contraer la economía de países enteros, o inclusive ser un arma para adoctrinar y poner a unos contra otros, con la sola amenaza de que la existencia de uno afecta la seguridad del otro. Este hecho ha sido utilizado por políticos y dirigentes con el discurso de que, sin ellos, este bien no está garantizado.

Los políticos olvidan que la inseguridad no es más que un síntoma de otras políticas públicas que no son bien aplicadas o que son inexistentes. La falta de oportunidades laborales y de educación, la falta de apoyo a pequeñas y mediana empresas, el aumento de la brecha de desigualdad, el fracaso de nuestro sistema penitenciario, entre otros, son algunas de las razones por las cuales las carreras criminales son a veces atractivas para los jóvenes.

Y duele decirlo, pero el crimen organizado ha sabido aprovechar la demanda de mejores condiciones y la falta de regulación en muchos aspectos, para poner de cabeza al gobierno, haciéndolo pensar que la manera más eficaz de disminuir la inseguridad es enfrentando a los criminales, confrontarlos de frente y no atacando los orígenes que causan tanta violencia.

Debemos crear conciencia y estar a la altura de la situación, hacer caso de lo que estos tiempos demandan; regulaciones como la de la marihuana, para su uso lúdico y medicinal, son necesarias. De igual manera, vivimos en un país en el cual ya tenemos todos los negativos que la demanda de este tipo de productos conlleva, pero ninguno de los positivos que su regulación traería, como lo sería: el cobro de impuestos.

En resumen, la seguridad no debería ser una moneda de cambio en cada proceso electoral, sino un síntoma del ejercicio y la aplicación de políticas públicas, que tomen en cuenta a todos. La aplicación de programas bien pensados, que hagan sentido, no solo en la imagen, sino en los números. Debemos utilizar la tecnología para hacernos de mejores procesos para la toma de decisiones.

Inclusive, si fuera por mí, los puestos de seguridad pública serían de elección popular y por un tiempo que ocupe dos administraciones para darles continuidad, obviamente con la posibilidad de cambiarlo a la mitad de su gestión mediante un ejercicio de evaluación ciudadana, para que atiendan a los intereses del pueblo y no de los políticos.

El involucramiento de los políticos en la seguridad, no solo se ha vuelto peligroso para la ciudadanía, sino también para ellos mismos. De acuerdo con un estudio de Rice University´s Baker Institute for Public Policy, ser candidato a una alcaldía, alcalde o exalcalde, se ha vuelto una de las profesiones más riesgosas en el país, debido al número de atentados que han sufrido.

Desde 2004 que se tiene el primer registro adecuado a la fecha, hasta marzo del 2018, los atentados ascienden a cerca de 200, de acuerdo con el estudio ya antes mencionado y los motivos que predominan son:

• Violencia política con 24%

• Víctima del crimen organizado por tener propuestas que afecten sus intereses 13%

• Víctima del crimen organizado por ser aliado de un grupo rival 2%

• Víctima del crimen organizado por traicionarlos 2%

• Víctima del crimen organizado sin detalles precisos 13%

Tomando en cuenta los números anteriores, alrededor de 30% de los atentados tuvieron algo que ver con las propuestas o políticas de seguridad pública que un candidato manifestaba.

Vivimos en un país en el cual constantemente se amenaza la democracia. Pidamos que los políticos dejen de lado la seguridad pública como propuesta o como moneda de cambio, para que de esta manera, las políticas de combate a la inseguridad no estén influenciadas por grupos a los cuales afecten directamente, y la democracia, como ha sido en estos últimos meses, se vea manchada por atentados de aquellos que por ganar una elección, ofrecen soluciones que ponen en riesgo su vida, y que corresponden a todos, como ciudadanía y no solo a los actores políticos.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?