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Opinión

La seguridad no es un asunto político. Por Alain González

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A lo largo del proceso electoral 2021, hemos escuchado un sinfín de propuestas. Muchas de ellas atendiendo a las preocupaciones más latentes en la sociedad; la salud, la educación, los servicios básicos, la economía y la seguridad.

Esta última, ha sido utilizada de manera tan repetitiva durante las elecciones recientes que pareciera que existe un incentivo perverso para no mejorarla, manteniendo a la población siempre con la esperanza de que se solucione este mal.

De acuerdo con datos del Índice de Paz México (IPM) 2020, el nivel de paz en nuestro país se ha deteriorado 27.2% en los últimos cinco años, un 4.3% solo en el 2019 y debido en gran medida al aumento de la tasa de crímenes de la delincuencia organizada un 24.3%.

Y si se preguntan, ¿cuál es el impacto económico de la violencia en México? La respuesta, son 4.57 billones de pesos entre las perdidas y el gasto que ocasionan el homicidio, delitos con violencia, la seguridad privada, seguridad interna, gasto militar, el miedo, entre otros. Este impacto económico supera ocho veces la inversión publica en salud y seis veces la inversión en educación.

Estas grandes cantidades de dinero son justificadas y/o solapadas por muchos con tal de que mejoren las condiciones de seguridad en nuestras ciudades. Sin embargo, lo único que mejora son las finanzas de ciertos políticos, que lucran con la seguridad de sus gobernados.

La seguridad es un bien intangible, pero es tan poderoso que es capaz de contraer la economía de países enteros, o inclusive ser un arma para adoctrinar y poner a unos contra otros, con la sola amenaza de que la existencia de uno afecta la seguridad del otro. Este hecho ha sido utilizado por políticos y dirigentes con el discurso de que, sin ellos, este bien no está garantizado.

Los políticos olvidan que la inseguridad no es más que un síntoma de otras políticas públicas que no son bien aplicadas o que son inexistentes. La falta de oportunidades laborales y de educación, la falta de apoyo a pequeñas y mediana empresas, el aumento de la brecha de desigualdad, el fracaso de nuestro sistema penitenciario, entre otros, son algunas de las razones por las cuales las carreras criminales son a veces atractivas para los jóvenes.

Y duele decirlo, pero el crimen organizado ha sabido aprovechar la demanda de mejores condiciones y la falta de regulación en muchos aspectos, para poner de cabeza al gobierno, haciéndolo pensar que la manera más eficaz de disminuir la inseguridad es enfrentando a los criminales, confrontarlos de frente y no atacando los orígenes que causan tanta violencia.

Debemos crear conciencia y estar a la altura de la situación, hacer caso de lo que estos tiempos demandan; regulaciones como la de la marihuana, para su uso lúdico y medicinal, son necesarias. De igual manera, vivimos en un país en el cual ya tenemos todos los negativos que la demanda de este tipo de productos conlleva, pero ninguno de los positivos que su regulación traería, como lo sería: el cobro de impuestos.

En resumen, la seguridad no debería ser una moneda de cambio en cada proceso electoral, sino un síntoma del ejercicio y la aplicación de políticas públicas, que tomen en cuenta a todos. La aplicación de programas bien pensados, que hagan sentido, no solo en la imagen, sino en los números. Debemos utilizar la tecnología para hacernos de mejores procesos para la toma de decisiones.

Inclusive, si fuera por mí, los puestos de seguridad pública serían de elección popular y por un tiempo que ocupe dos administraciones para darles continuidad, obviamente con la posibilidad de cambiarlo a la mitad de su gestión mediante un ejercicio de evaluación ciudadana, para que atiendan a los intereses del pueblo y no de los políticos.

El involucramiento de los políticos en la seguridad, no solo se ha vuelto peligroso para la ciudadanía, sino también para ellos mismos. De acuerdo con un estudio de Rice University´s Baker Institute for Public Policy, ser candidato a una alcaldía, alcalde o exalcalde, se ha vuelto una de las profesiones más riesgosas en el país, debido al número de atentados que han sufrido.

Desde 2004 que se tiene el primer registro adecuado a la fecha, hasta marzo del 2018, los atentados ascienden a cerca de 200, de acuerdo con el estudio ya antes mencionado y los motivos que predominan son:

Violencia política con 24%

Víctima del crimen organizado por tener propuestas que afecten sus intereses 13%
Víctima del crimen organizado por ser aliado de un grupo rival 2%
Víctima del crimen organizado por traicionarlos 2%
Víctima del crimen organizado sin detalles precisos 13%

Tomando en cuenta los números anteriores, alrededor de 30% de los atentados tuvieron algo que ver con las propuestas o políticas de seguridad pública que un candidato manifestaba.

Vivimos en un país en el cual constantemente se amenaza la democracia. Pidamos que los políticos dejen de lado la seguridad pública como propuesta o como moneda de cambio, para que de esta manera, las políticas de combate a la inseguridad no estén influenciadas por grupos a los cuales afecten directamente, y la democracia, como ha sido en estos últimos meses, se vea manchada por atentados de aquellos que por ganar una elección, ofrecen soluciones que ponen en riesgo su vida, y que corresponden a todos, como ciudadanía y no solo a los actores políticos.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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