A lo largo del proceso electoral 2021, hemos escuchado un sinfín de propuestas. Muchas de ellas atendiendo a las preocupaciones más latentes en la sociedad; la salud, la educación, los servicios básicos, la economía y la seguridad.

Esta última, ha sido utilizada de manera tan repetitiva durante las elecciones recientes que pareciera que existe un incentivo perverso para no mejorarla, manteniendo a la población siempre con la esperanza de que se solucione este mal.

De acuerdo con datos del Índice de Paz México (IPM) 2020, el nivel de paz en nuestro país se ha deteriorado 27.2% en los últimos cinco años, un 4.3% solo en el 2019 y debido en gran medida al aumento de la tasa de crímenes de la delincuencia organizada un 24.3%.

Y si se preguntan, ¿cuál es el impacto económico de la violencia en México? La respuesta, son 4.57 billones de pesos entre las perdidas y el gasto que ocasionan el homicidio, delitos con violencia, la seguridad privada, seguridad interna, gasto militar, el miedo, entre otros. Este impacto económico supera ocho veces la inversión publica en salud y seis veces la inversión en educación.

Estas grandes cantidades de dinero son justificadas y/o solapadas por muchos con tal de que mejoren las condiciones de seguridad en nuestras ciudades. Sin embargo, lo único que mejora son las finanzas de ciertos políticos, que lucran con la seguridad de sus gobernados.

La seguridad es un bien intangible, pero es tan poderoso que es capaz de contraer la economía de países enteros, o inclusive ser un arma para adoctrinar y poner a unos contra otros, con la sola amenaza de que la existencia de uno afecta la seguridad del otro. Este hecho ha sido utilizado por políticos y dirigentes con el discurso de que, sin ellos, este bien no está garantizado.

Los políticos olvidan que la inseguridad no es más que un síntoma de otras políticas públicas que no son bien aplicadas o que son inexistentes. La falta de oportunidades laborales y de educación, la falta de apoyo a pequeñas y mediana empresas, el aumento de la brecha de desigualdad, el fracaso de nuestro sistema penitenciario, entre otros, son algunas de las razones por las cuales las carreras criminales son a veces atractivas para los jóvenes.

Y duele decirlo, pero el crimen organizado ha sabido aprovechar la demanda de mejores condiciones y la falta de regulación en muchos aspectos, para poner de cabeza al gobierno, haciéndolo pensar que la manera más eficaz de disminuir la inseguridad es enfrentando a los criminales, confrontarlos de frente y no atacando los orígenes que causan tanta violencia.

Debemos crear conciencia y estar a la altura de la situación, hacer caso de lo que estos tiempos demandan; regulaciones como la de la marihuana, para su uso lúdico y medicinal, son necesarias. De igual manera, vivimos en un país en el cual ya tenemos todos los negativos que la demanda de este tipo de productos conlleva, pero ninguno de los positivos que su regulación traería, como lo sería: el cobro de impuestos.

En resumen, la seguridad no debería ser una moneda de cambio en cada proceso electoral, sino un síntoma del ejercicio y la aplicación de políticas públicas, que tomen en cuenta a todos. La aplicación de programas bien pensados, que hagan sentido, no solo en la imagen, sino en los números. Debemos utilizar la tecnología para hacernos de mejores procesos para la toma de decisiones.

Inclusive, si fuera por mí, los puestos de seguridad pública serían de elección popular y por un tiempo que ocupe dos administraciones para darles continuidad, obviamente con la posibilidad de cambiarlo a la mitad de su gestión mediante un ejercicio de evaluación ciudadana, para que atiendan a los intereses del pueblo y no de los políticos.

El involucramiento de los políticos en la seguridad, no solo se ha vuelto peligroso para la ciudadanía, sino también para ellos mismos. De acuerdo con un estudio de Rice University´s Baker Institute for Public Policy, ser candidato a una alcaldía, alcalde o exalcalde, se ha vuelto una de las profesiones más riesgosas en el país, debido al número de atentados que han sufrido.

Desde 2004 que se tiene el primer registro adecuado a la fecha, hasta marzo del 2018, los atentados ascienden a cerca de 200, de acuerdo con el estudio ya antes mencionado y los motivos que predominan son:

• Violencia política con 24%

Tomando en cuenta los números anteriores, alrededor de 30% de los atentados tuvieron algo que ver con las propuestas o políticas de seguridad pública que un candidato manifestaba.

Vivimos en un país en el cual constantemente se amenaza la democracia. Pidamos que los políticos dejen de lado la seguridad pública como propuesta o como moneda de cambio, para que de esta manera, las políticas de combate a la inseguridad no estén influenciadas por grupos a los cuales afecten directamente, y la democracia, como ha sido en estos últimos meses, se vea manchada por atentados de aquellos que por ganar una elección, ofrecen soluciones que ponen en riesgo su vida, y que corresponden a todos, como ciudadanía y no solo a los actores políticos.