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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

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Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
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Opinión

¿Por qué Roberto Lazzeri? La hora de negociar duro. Por Caleb Ordóñez Talavera

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Cuando un país decide quién lo representa en Washington, no solo elige un nombre: elige una estrategia. Y México acaba de elegir números sobre discursos.

Caleb Ordoñez

Roberto Lazzeri Montaño —economista del CIDE, operador financiero de carrera, arquitecto silencioso de deuda pública y crédito productivo— está a punto de convertirse en el embajador mexicano en Estados Unidos justo cuando la relación bilateral entra a su etapa más técnica, más tensa y más cara de la historia reciente.

No es coincidencia. Es cálculo.

Es un hombre que viene de los números. Lazzeri no llegó a la política por la puerta grande de los partidos ni por los reflectores del activismo. Llegó en 2005 por las hojas de cálculo del entonces Distrito Federal, manejando deuda pública cuando la mayoría de los funcionarios de su generación todavía aprendían el oficio. De ahí pasó a Banobras, luego a la Secretaría de Hacienda, y eventualmente a dirigir simultáneamente Nafin y Bancomext —los dos brazos del crédito productivo del Estado mexicano— en uno de los momentos más volátiles para el financiamiento externo del país.

Su cercanía con la 4T no es ideológica en el sentido clásico: es funcional. Trabajó directamente con Rogelio Ramírez de la O, el cerebro económico del obradorismo, y entendió —mejor que muchos— cómo sostener estabilidad macroeconómica dentro de un proyecto político que desconfía de los mercados pero los necesita. Eso lo hace valioso para Claudia Sheinbaum: no solo entiende el modelo, sino que sabe ejecutarlo sin romperlo.

¿Por qué ahora y por qué él?

Esteban Moctezuma no sale de Washington por fracaso. Sale porque el tablero cambió de juego. Desde 2021 fue el interlocutor ideal para una etapa de transición: perfil conciliador, relaciones sólidas, útil en el paso de Trump a Biden y en la consolidación inicial del TMEC. Cumplió y seguramente seguirá en la vida diplomática de primer nivel.

Pero lo que viene no se gestiona con diplomacia política. Se gestiona con ingeniería económica.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 900 mil millones de dólares anuales. Más del 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense. La revisión del TMEC se aproxima en 2026 con sectores enteros bajo presión —automotriz, acero, aluminio, energía— mientras Washington mantiene un discurso endurecido sobre fentanilo, migración y crimen organizado que complica cualquier conversación comercial.

A ese escenario se suman dos relojes políticos que corren en paralelo: el Mundial 2026, donde México coorganiza con Estados Unidos y Canadá una logística de seguridad e inversión sin precedentes, y las elecciones intermedias americanas, donde el proteccionismo y la retórica antiinmigrante históricamente se disparan. Lazzeri aterrizaría en Washington justo cuando los tres se cruzan.

La apuesta y el riesgo

Mandar a un financiero a la embajada más importante del país es un mensaje que Washington sabe leer: lo que viene es negociación dura, no protocolo. Pero esa misma fortaleza es su mayor vulnerabilidad.

Lazzeri llega sin red política propia en Estados Unidos, sin los vínculos personales que toman años construir con congresistas, reguladores y grupos empresariales. En una capital donde las relaciones informales mueven tanto como los tratados formales, eso importa. Y el tiempo para construirlas será escaso: la revisión del TMEC no esperará a que el nuevo embajador encuentre su ritmo.

Su verdadero reto no es técnico. Es traducir credibilidad financiera en poder diplomático real: negociar aranceles sin sacrificar industrias mexicanas, defender el tratado sin contradecir la narrativa nacionalista de la 4T y mantener la confianza de los inversionistas extranjeros en un entorno global que premia la certeza y castiga la ambigüedad.

En la relación más importante (y más costosa) que tiene México, no hay margen para la curva de aprendizaje. Lazzeri lo sabe. La pregunta es si Washington también está dispuesto a escuchar al técnico que llega a cambiar las reglas del juego o solo a administrarlas.????????????????

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