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La SFP descarta conflicto de interés en la compra de la Casa Blanca

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En la compra de la Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y la casa de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no hubo conflicto de interés, concluyó el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.

«Esta secretaría, por conducto de las unidades administrativas competentes, determinó que no existió por parte del licenciado Enrique Peña Nieto responsabilidad en relación al artículo ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos», aseveró.

En rueda de prensa, dijo que la adquisición de ambas casas se realizó cuando el primer mandatario del país y el responsable de las finanzas públicas del país asumieron a sus respectivos cargos.
Además, argumentó, tanto el presidente de la República como su colaborador no intervinieron en ningún proceso de otorgamiento de contratos

Así, concluyó que de acuerdo con las leyes mexicanas, no existe ningún conflicto de interés derivado de los contratos otorgados a las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú.

Explicó que las inmobiliarias que celebraron contrato de compra- venta con Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray, y que tienen como accionista Luis Armando Hinojisa Cantú, y de ahí se investigo a las empresas en las que es este último es accionista.

Así encontraron que tienen celebrados 22 contratos con el gobierno federal, a través de cuatro empresa vinculadas a Grupo Higa.

Respecto a la casa del presidente Peña Nieto en el Ixtapa de la Sal, que adquirió a través de la inmobiliaria de Ricardo Arturo San Román, se concluyó que la empresa cuenta 11 contratos distribuidos entre tres empresas vinculadas a su San Román.

Andrade detalló que esos contratos, de los 33 en total, 13 son de bienes y servicios, 20 de obras pública o servicios relacionados y representan el 0.017 por ciento de los contratos otorgados entre 2011 y el 31 de marzo de 2015.

Fuente Excelsior

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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