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México

La SHCP afina programas presupuestales para 2016

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará este martes a la Cámara de Diputados la primera propuesta de los programas presupuestales que operarán en 2016 como resultado de la revisión y actualización que se realiza con apoyo del Banco Mundial de lo que se conoce como Estructura Programática (EP), con lo cual se hará la asignación de recursos públicos.

Se analizan 737 de un total de 889 programas del gasto programable que involucran un monto cercano a 4 mil millones de pesos, con miras a la construcción del Presupuesto Base Cero que se propondrá para el paquete económico 2016.

Los programas que se ponen a consideración de los diputados son los que están más alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) porque ayudarán al crecimiento de la economía y reducción de la pobreza, mientras otros se fusionan, eliminan o resectorizan.

No incluye los programas de las empresas productivas del estado (Pemex y CFE) porque cada una de ellas la hará lo mismo de manera independiente.

Para el rediseño se tomó en cuenta como instrumento valioso lo generado por el presupuesto basado en resultados y se hizo una retroalimentación con todas las dependencias para encontrar la mejor alternativa.

Especialistas consideraron que el diagnóstico determinará si el recorte al gasto será mayor al estimado inicialmente por 135 mil mdp en un contexto internacional poco favorable con la inminente alza de tasas de interés en EU que podría iniciar —según el consenso de analistas— a finales de septiembre, mes en el que el Ejecutivo debe presentar al Congreso el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILI) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) del próximo año.

Destacaron que a través del análisis de la EP quedará ordenado y clasificado el PPEF de forma homogénea y se podrá establecer el número de programas presupuestarios que utilizará el gobierno para ejercer los recursos.

POLÍTICA MONETARIA DE EU

Para el director de la escuela de Economía de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral, la nueva estructura programática será clave para enfrentar el cambio en la política monetaria en Estados Unidos; el tema de los bajos precios del petróleo pasará a segundo término.

Advierte que el impacto fuerte para el PPEF provendrá del alza en las tasas en Estados Unidos, porque se estima que por cada punto que la Reserva Federal eleve tipos de interés, se tendría un efecto en el costo financiero de la deuda de 65 mil mdp.

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Aurora de la Cruz Aguilar, dice que están en esperando que el reporte de la nueva estructura programática que habrán de recibir el 30 de junio, contenga una revisión exhaustiva.

Una vez que lo revisen comenzarán a trabajar a pesar de que está por terminar la actual legislatura, ya que ese fue el compromiso con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El Gobierno Federal, refiere, se comprometió a examinar 737 programas presupuestarios de un total de 889 para determinar su permanencia o fusión.

El presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Carlos Reta Martínez, considera que el recorte al gasto es insuficiente y por eso es importante hacer un proceso de revisión de programa por programa que opera en cada una de las secretarías de Estado para ver si hay duplicidades.

Reconoce que 889 programas presupuestarios que hay son reales y es un universo grande, pero ante un mayor recorte al gasto, se hace necesaria la revisión y no una tala generalizada.

“Si se elabora una buena estrategia de acuerdo con las nuevas disposiciones, se puede tener un final feliz. La revisión de los programas es mejor que un mayor recorte al gasto público”, opina.

Sobre si es un buen momento para el Presupuesto Base Cero tomando en cuenta que subirá el costo del dinero con el inicio del ciclo de alzas en las tasas de interés en Estados Unidos y la mayor volatilidad en los mercados, Carlos Reta asegura que es un momento necesario en el que el país tiene que tomar decisiones.

“La metodología base cero lleva a un análisis y decisión para no entorpecer o afectar a los programas que verdaderamente se requieren y no a una tala generalizada de todos los programas”, señala el analista.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar no se atreve a decir que tendría que haber un mayor ajuste al gasto para 2016 sin conocer primero el resultado de la revisión y actualización de las estructuras programáticas.

Gabriel Pérez del Peral destaca que revisar 737 programas implicó una tarea titánica porque en cada uno se evaluó los bienes y servicios que produjeron, si se cumplió el propósito, el impacto social y el fin alineado al Plan Nacional de Desarrollo.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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