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Opinión

La sombra. Por Raúl Saucedo

Agenda cíclica

Han trascurrido ya seis meses del proceso electoral en México (Desde que se instaló la Asamblea General del INE) y 15 días de los procesos federales (Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados) se ha registrado en promedio una agresión diaria contra personas vinculadas con el ámbito político, esto según el indicador del reporte más reciente de violencia política elaborado por Integralia,consultora en asuntos públicos.

La firma Integralia ha contabilizado 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas, es decir, 1,3 víctimas cada día. Durante los últimos 6 meses.

En este conteo entran funcionarios, exfuncionarios, políticos, expolíticos, aspirantes a cargos de elección, familiares y víctimas colaterales dentro del ámbito político. Los asesinatos representan el 48,3% de las agresiones totales, los atentados el 21,8%.

El informe indica que, del total de agresiones, 44 fueron contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, al menos hay un aspirante agredido cada cuatro días (Dichos aspirantes son de diferentes partidos).

El partido oficialista, que hasta la fecha gobierna el país y 21 estados, concentra el mayor número de las agresiones con el 31,8%. Esto quizá por la cercanía en el ámbito de toma de decisiones en el ejercicio del poder.

Los indicadores arrogan como elemento prioritario de la violencia política son los aspirantes a cargos municipales(Alcaldes, Síndicos, Regidores) siendo el 54,5% de las agresiones dirigidas a este ámbito pues representan acceso directo al control de las economías y toma de decisioneslocales.

Guerrero, Michoacán y Chiapas encabezan la lista de los estados con más víctimas totales dentro de los indicadores antes mencionados. El asesinato es la agresión recurrente con el 38,6% de los casos, seguido de las amenazas con el 27,3% y los atentados con el 18,2%, y el resto, un 15,9%, no se especifica.

Hasta la fecha no hay un conteo oficial de víctimas de violencia politica en México y los registros los elaboran principalmente consultoras o asociaciones civiles.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dijo el 5 de marzo que la dependencia atendió, hasta entonces, 23 solicitudes de protección de candidatos, entre ellas las de los tres aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez; tres aspirantes a gobernador, siete al Senado y 10 a diputaciones federales.

Dicha secretaria preciso que el Gobierno federal se responsabiliza de los candidatos a la presidencia, a las nueve gubernaturas en juego y a los aspirantes a una diputación federal o el Senado, mientras que los estados son responsables de la seguridad de candidatos a cargos locales.

La violencia en política no es un suceso nuevo en México, si consideramos la consolidación del partido hegemónico del siglo XX en México después de magnicidios post revolucionarios, la persecución y casi erradicación de movimientos sociales de izquierda en los años 60`s, 70`s y 80´s y como dejar de paso el fatídico y lejano 1994 donde “la culebra” resonaba previo a la entrada de la democracia en México, (Como dato este suceso aunó a un 72% de participación electoral)  

México es complejo en su dinamismo político, social y económico, como elemento dentro del sistema político mexicano deseo que todos aquellos que ejercen la política con fines de mejorar nuestras comunidades y naciones pueden ver realizados sus sueños personales y colectivos y que la sombra de esta agenda cíclica de México no los alcance.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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