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Opinión

La sombra. Por Raúl Saucedo

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Agenda cíclica

Han trascurrido ya seis meses del proceso electoral en México (Desde que se instaló la Asamblea General del INE) y 15 días de los procesos federales (Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados) se ha registrado en promedio una agresión diaria contra personas vinculadas con el ámbito político, esto según el indicador del reporte más reciente de violencia política elaborado por Integralia,consultora en asuntos públicos.

La firma Integralia ha contabilizado 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas, es decir, 1,3 víctimas cada día. Durante los últimos 6 meses.

En este conteo entran funcionarios, exfuncionarios, políticos, expolíticos, aspirantes a cargos de elección, familiares y víctimas colaterales dentro del ámbito político. Los asesinatos representan el 48,3% de las agresiones totales, los atentados el 21,8%.

El informe indica que, del total de agresiones, 44 fueron contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, al menos hay un aspirante agredido cada cuatro días (Dichos aspirantes son de diferentes partidos).

El partido oficialista, que hasta la fecha gobierna el país y 21 estados, concentra el mayor número de las agresiones con el 31,8%. Esto quizá por la cercanía en el ámbito de toma de decisiones en el ejercicio del poder.

Los indicadores arrogan como elemento prioritario de la violencia política son los aspirantes a cargos municipales(Alcaldes, Síndicos, Regidores) siendo el 54,5% de las agresiones dirigidas a este ámbito pues representan acceso directo al control de las economías y toma de decisioneslocales.

Guerrero, Michoacán y Chiapas encabezan la lista de los estados con más víctimas totales dentro de los indicadores antes mencionados. El asesinato es la agresión recurrente con el 38,6% de los casos, seguido de las amenazas con el 27,3% y los atentados con el 18,2%, y el resto, un 15,9%, no se especifica.

Hasta la fecha no hay un conteo oficial de víctimas de violencia politica en México y los registros los elaboran principalmente consultoras o asociaciones civiles.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dijo el 5 de marzo que la dependencia atendió, hasta entonces, 23 solicitudes de protección de candidatos, entre ellas las de los tres aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez; tres aspirantes a gobernador, siete al Senado y 10 a diputaciones federales.

Dicha secretaria preciso que el Gobierno federal se responsabiliza de los candidatos a la presidencia, a las nueve gubernaturas en juego y a los aspirantes a una diputación federal o el Senado, mientras que los estados son responsables de la seguridad de candidatos a cargos locales.

La violencia en política no es un suceso nuevo en México, si consideramos la consolidación del partido hegemónico del siglo XX en México después de magnicidios post revolucionarios, la persecución y casi erradicación de movimientos sociales de izquierda en los años 60`s, 70`s y 80´s y como dejar de paso el fatídico y lejano 1994 donde “la culebra” resonaba previo a la entrada de la democracia en México, (Como dato este suceso aunó a un 72% de participación electoral)  

México es complejo en su dinamismo político, social y económico, como elemento dentro del sistema político mexicano deseo que todos aquellos que ejercen la política con fines de mejorar nuestras comunidades y naciones pueden ver realizados sus sueños personales y colectivos y que la sombra de esta agenda cíclica de México no los alcance.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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