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Opinión

La sombra. Por Raúl Saucedo

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Agenda cíclica

Han trascurrido ya seis meses del proceso electoral en México (Desde que se instaló la Asamblea General del INE) y 15 días de los procesos federales (Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados) se ha registrado en promedio una agresión diaria contra personas vinculadas con el ámbito político, esto según el indicador del reporte más reciente de violencia política elaborado por Integralia,consultora en asuntos públicos.

La firma Integralia ha contabilizado 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas, es decir, 1,3 víctimas cada día. Durante los últimos 6 meses.

En este conteo entran funcionarios, exfuncionarios, políticos, expolíticos, aspirantes a cargos de elección, familiares y víctimas colaterales dentro del ámbito político. Los asesinatos representan el 48,3% de las agresiones totales, los atentados el 21,8%.

El informe indica que, del total de agresiones, 44 fueron contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, al menos hay un aspirante agredido cada cuatro días (Dichos aspirantes son de diferentes partidos).

El partido oficialista, que hasta la fecha gobierna el país y 21 estados, concentra el mayor número de las agresiones con el 31,8%. Esto quizá por la cercanía en el ámbito de toma de decisiones en el ejercicio del poder.

Los indicadores arrogan como elemento prioritario de la violencia política son los aspirantes a cargos municipales(Alcaldes, Síndicos, Regidores) siendo el 54,5% de las agresiones dirigidas a este ámbito pues representan acceso directo al control de las economías y toma de decisioneslocales.

Guerrero, Michoacán y Chiapas encabezan la lista de los estados con más víctimas totales dentro de los indicadores antes mencionados. El asesinato es la agresión recurrente con el 38,6% de los casos, seguido de las amenazas con el 27,3% y los atentados con el 18,2%, y el resto, un 15,9%, no se especifica.

Hasta la fecha no hay un conteo oficial de víctimas de violencia politica en México y los registros los elaboran principalmente consultoras o asociaciones civiles.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dijo el 5 de marzo que la dependencia atendió, hasta entonces, 23 solicitudes de protección de candidatos, entre ellas las de los tres aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez; tres aspirantes a gobernador, siete al Senado y 10 a diputaciones federales.

Dicha secretaria preciso que el Gobierno federal se responsabiliza de los candidatos a la presidencia, a las nueve gubernaturas en juego y a los aspirantes a una diputación federal o el Senado, mientras que los estados son responsables de la seguridad de candidatos a cargos locales.

La violencia en política no es un suceso nuevo en México, si consideramos la consolidación del partido hegemónico del siglo XX en México después de magnicidios post revolucionarios, la persecución y casi erradicación de movimientos sociales de izquierda en los años 60`s, 70`s y 80´s y como dejar de paso el fatídico y lejano 1994 donde “la culebra” resonaba previo a la entrada de la democracia en México, (Como dato este suceso aunó a un 72% de participación electoral)  

México es complejo en su dinamismo político, social y económico, como elemento dentro del sistema político mexicano deseo que todos aquellos que ejercen la política con fines de mejorar nuestras comunidades y naciones pueden ver realizados sus sueños personales y colectivos y que la sombra de esta agenda cíclica de México no los alcance.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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