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La UIF no debe ser un instrumento de venganza política de Miguel Barbosa: Antorcha

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El gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, recurre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para instrumentar ataques mediáticos y represión política contra el Movimiento Antorchista Nacional. Luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de la UIF, declarara que se congelan cuentas “de dirigentes” de la Organización por recibir recursos al margen de la ley, pero sin presentar pruebas de sus acusaciones y sin aclarar que tales cuentas son de particulares o de razones sociales que desarrollan su actividad dentro de la ley, y haciendo clara referencia a la participación de la Fiscalía de Puebla en la ofensiva. “Es claro que la dependencia federal se está prestando a las venganzas políticas del gobernador poblano Miguel Barbosa en contra de quienes lo cuestionan por su pésimo gobierno y busca bloquear arbitrariamente el financiamiento legal de la organización que se ha convertido en su principal opositora en la entidad”, dijo Brasil Acosta Peña, diputado federal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización.

Tras varios meses en que el Movimiento Antorchista ha denunciado la mala gestión del gobernador de Puebla, caracterizada por un crecimiento alarmante de la inseguridad, la pobreza, el desempleo y por ser uno de los estados con más víctimas de Covid-19, el titular de la UIF declaró que se congelaron cuentas de dirigentes antorchistas porque recibieron recursos en efectivo y al margen de la ley, algo «totalmente falso e inventado porque ningún dirigente de Antorcha ha recibido recursos de ningún tipo, ni ahora ni en el pasado, pues todos lo que hemos gestionado son obras y programas entregados directamente por el gobierno a los beneficiarios», aseguró Acosta Peña,

“La información oficial sobre este tema, escueta y sin ninguna prueba, deja claro que el objetivo es confundir a los mexicanos sobre el origen del financiamiento de nuestra organización, a pesar de que dicha actividad es pública, legal y sometida a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que nacimos como grupo organizado. No hay nada qué perseguir, somos un grupo de mexicanos que generan recursos para su actividad social y política; no hay nada ilegal ni inmoral en el trabajo financiero de Antorcha, a menos que los gobernantes fabriquen delitos como en los peores tiempos políticos de este país”

Brasil Acosta agregó que él ha escrito artículos argumentando sus críticas al mal gobierno de Miguel Barbosa y esa es la razón más inmediata por la que se le incorpora a la lista de perseguidos políticos del gobernador morenista de Puebla y se le congelan indebidamente sus cuentas. “Hoy me presenté personalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se me informara de las razones del bloqueo bancario ordenado en mi contra y no recibí ninguna explicación, pero hoy mismo el titular de la Unidad ya estaba lanzando acusaciones a través de los medios y confirmando que se trata de una operación lanzada desde el gobierno de Puebla, lo cual evidencia la naturaleza política del ataque”.

“Barbosa busca frenar el papel ascendente del Movimiento Antorchista en la opinión pública de Puebla, donde su oposición y críticas a las políticas equivocadas y antipopulares del gobierno morenista han formado una corriente de opinión de cientos de miles de poblanos que seguramente votarán en contra de Morena. Barbosa ve perdidas las próximas elecciones, no tiene argumentos para defender su gobierno y recurre a la represión abierta, pero la UIF no debe ser el garrote de la 4T para perseguir opositores y críticos. La persecución política en Puebla tendrá por respuesta un enérgico movimiento nacional de protesta” afirmó Acosta Peña.

Prácticamente desde que Barbosa llegó al gobierno estatal, se ha declarado la guerra a cualquier ciudadano y organización que le exija cumplimiento de sus promesas y atención a los miles de problemas de los poblanos. Estudiantes, maestros, médicos, obreros, alcaldes, el rector de la BUAP, dirigentes de partidos políticos de oposición y organizaciones sociales de todo tipo han denunciado a Miguel Barbosa por ser un represor y un mal gobernante, que está llevando a la entidad hacia una crisis política y social. Esa gran inconformidad se evidencia en las encuestas donde se ubica en el sótano de la aceptación popular comparado con el resto de los gobernadores.

México

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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