Opinión

‘Lady 100 pesos’, del oso, a la popularidad

No sabemos qué pasaba en la mente de estos cinco “orangutanes”, sin ofender a los simios, cuando aquel grupo de militares y una policía mujer torturaban a otra mujer, supuesta criminal.
Todo fue mediante la divulgación de un video en las redes sociales. La publicación de las imágenes donde torturan a un mujer con bolsas de plástico colocadas sobre su cara en el municipio de Ajuchitlán, Guerrero, hicieron la diferencia. Hoy, dos elementos de Policía Federal y tres militares que están detenidos como presuntos responsables del delito de tortura. Ese “simple” video difundido por alguien en Facebook hizo mella, que ‘obligó’ al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a disculparse. Por cierto, por primera vez que hace un jefe de las fuerzas armadas en la memoria contemporánea.
Según lo transcendido, los hechos sucedieron el año pasado. Sin embargo, la diferencia fue el 14 de abril, cuando comenzó a circular en las redes (Facebook) un video en el que se observa a militares y una mujer policía federal con una civil, identificada como Elvira Santibáñez Margarito, a quien sometieron a un interrogatorio ilegal para obligarla a dar información relacionada con el crimen organizado que opera en la zona. Los objetos del delito: unas bolsas plásticas.
Y sí cree en el poder de denuncia, recordemos también la publicación de un video que se hizo viral en redes, cuando el 27 de marzo pasado una mesera del conocido restaurante “El Teapaneco” en Villahermosa, Tabasco, grabó cómo un padre de familia acariciaba muy sugerentemente las partes íntimas de una pequeñita, que resultó ser su hija.

El reclamo social fue tan grande, que la Fiscalía de Tabasco abrió una indagatoria que terminó en dictar la formal prisión a esta persona por el delito de pederastia.

A consecuencia de ese video que fue colgado en un perfil de Facebook, hoy, Juan Vicente Hernández León está en la cárcel y podría pagar varios años de cárcel. ¿Le sigue quedando duda sobre el poder de las redes sociales?
¿Quiere otra muestra? Un video que pulverizó la reputación a una jovencita, y la bautizó con mote de “Lady 100 pesos”, fue tema de la semana. Se trata de una joven mujer, de nombre Lorena Aguirre, que en avanzado estado de embriagues intentó sobornar a policías municipales de Guanajuato cuando sacó de su bolsa 100 pesos para dárselo a un agente. Esta joven que vestía un corto vestido había chocado su vehículo con cuatro más que estaban estacionados.
El video, que al parecer fue captado por un televisora local se convirtió en tendencias en redes en pocas horas, junto con los memes por montón que hoy inundan el ciberespacio. Ahora, su caso, léalo bien, especial, después del oso, ahora el perfil de la joven en Facebook ha alcanzado interacciones increíbles. Su humor negro le ha causado 49 mil 096 “personas hablando de esto” en una semana. Aunque no sabemos si para bien o para mal. ¿Usted qué opina?

Más de redes. La guerra sucia en campañas ha empezado. Se lo dijimos. Las acusaciones empezaron a subir de nivel. Lo malo es que siguen siendo basura, porque ninguna aporta pruebas. Mensajes cortos vía celular, imágenes en forma de meme, videos posteados, notas publicadas de medios electrónicos que se promocionan por las redes. La cosa empieza a arder conforme avanzan las campañas y se acerca el debate a organizarse entre candidatos a gobernador. El personaje más atacado, es Quirino Ordaz Coppel, candidato del PRI. Mediante mensajes cortos se hacen graves señalamientos. Lo que llama la atención es el uso de servicios de mensajes pagados con números de la Ciudad de México y de Veracruz, Veracruz.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.