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Lanzan encuesta para medir presencia de anticuerpos contra Coronavirus en mexicanos

Con el propósito de medir en la población mexicana el nivel de anticuerpos al coronavirus SARS-CoV-2, el Instituto Nacional de Salud Pública inició la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y Covid-19.

Así lo anunció Teresa Shamah Levy, directora adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) de dicho Instituto, quien explicó que se tomará una muestra de sangre en 12 mil hogares de mil 590 localidades de nueve regiones del país.

Señaló que le encuesta tiene dos objetivos. “El primero, medir los anticuerpos en la población mexicana, los factores asociados a la presencia de anticuerpos, la manera como la población enfrentó la cuarentena y adoptó las medidas de mitigación y los efectos de la pandemia en el ingreso, la violencia, la seguridad alimentaria y el estado de nutrición de la población”.

El segundo, apuntó, es actualizar el panorama sobre la frecuencia, distribución y tendencias de las condiciones de salud y nutrición y sus determinantes, y examinar la respuesta del Estado frente a los problemas de salud y nutrición de la población, por entidades federativas para zonas urbanas y rurales y por estratos socioeconómicos.

Explicó que Las personas que accedan a participar serán sometidas a una prueba de sangre para evaluar anticuerpo séricos, además de un cuestionario para saber si su familia padeció Covid-19.

Como parte de la encuesta, se tomará el peso y talla de las personas para clasificar su estado de nutrición, además que con las muestras se buscará dar con padecimientos como diabetes, hipertensión, hipergliceridemia e hipercolesteronemia.

Los integrantes de la Secretaría de Salud visitarán los hogares seleccionados y se estima que el tiempo promedio será de 1 hora con 35 minutos y 15 minutos del día después para la toma de sangre en ayunas.
Shamah Levy explicó que a las personas que participen se le proporcionará un folio para que, por medio de internet, puedan consultar sus resultados y conocer si poseen o no anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2, así como saber si padecen alguna enfermedad crónica.
Añadió que las muestras de sangre recolectadas serán analizadas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y algunos laboratorios del INSP.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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