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México

Lanzan plan para garantizar derechos de paisanos en EU

Para salvaguardar la identidad y los derechos de los más de 11.8 millones de mexicanos en el exterior, de los cuales 97.2 por ciento vive en Estados Unidos, el Gobierno federal presentó un programa de 10 acciones para atender a estos connacionales.

En conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que con este proyecto se buscan atender las principales quejas de la comunidad mexicana en el exterior, principalmente, en la falta de orientación y representación legal, la escasa cobertura de los servicios móviles de documentación y protección consular en lugares alejados entre otras.

Debido a ello, aseguró que, contrario a lo que sucedía en años anteriores, el Gobierno federal buscará fortalecer los derechos de los migrantes y facilitarles trámites.

“Vamos a facilitar todo, pues queremos que tengan (los migrantes) sus derechos plenos. Vamos a contar con una visión centrada en los derechos del migrante”, afirmó.

Explicó que de los 11 millones 848 mil 537 mexicanos que viven fuera de México, 97.2 por ciento radica en Estados Unidos, principalmente en California, Texas y Arizona.

De esta manera, y con una inversión de 3 mil 295 millones de pesos destinados a consulados y embajadas, se buscará implementar una serie de medidas entre las que destacan el desarrollo de mecanismos para la participación de gobierno estatales y municipales; la ampliación de los programas de educación, salud y deporte para elevar la calidad de vida; ampliar la red de abogados y organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes.
Además, consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables; el empoderamiento de la comunidad mexicana y mexicoamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus significativas contribuciones.

Sobre este último punto, Ebrard Casaubón, anunció que en próximos días se presentarán los mecanismos para reconocer el trabajo de destacados mexicanos fuera del país.

Además, aseguró que entre las medidas que comenzarán la siguiente semana será una consulta a los mexicanos fuera del país para conocer su opinión sobre este plan de apoyo a migrantes y, posteriormente, se realizará otro ejercicio sobre los proyectos del gobierno.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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