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LAS INSEGURIDADES COMO FORMA DE CONTROL por: Víctor M. Quintana S.

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Después de todo puede que para algunos no sea un fracaso el que en este país no se incremente de manera real el poder adquisitivo del salario. Que se generen mucho menos empleos de los que se necesitan. Que muchos de quienes disfrutan de un empleo formal estén en la cuerda floja del despido. Que en muchas familias tengan que tener dos o más chambas el padre y la madre para salir adelante.

Para esos mismos tampoco será un fracaso que en algunas poblaciones la gente no pueda salir de casa después que oscurece por temor a los delincuentes. O que se suspenda toda actividad comunitaria organizada acatando órdenes de quienes controlan la región. O que no se pueda hacer presente otra organización que la tolerada o aprobada por los señores de la guerra.

Todo esto es así porque la multiplicación de las inseguridades en este país repercute directamente en la participación, organización y acción autónomas de las y los ciudadanos. De muchas maneras afecta la capacidad y disponibilidad de las personas a enrolarse en una organización o movimiento, a cuestionar a los poderes establecidos, formales o informales, mucho menos a llevar a cabo acciones directas que desafíen dichos poderes, sean éstas tan legales como las elecciones o las huelgas tan fuera del marco de la ley como las tomas, los bloqueos, los paros, etc.

Entonces el mantener el status de inseguridades multiplicadas favorece el control, la dominación sobre los diferentes grupos y sectores sociales. Esto no es teoría, es la experiencia recogida de diversas partes de la República:

En muchos pueblos de diversas zonas rurales, resulta casi imposible formar comités municipales de partidos de oposición. Hay una advertencia directa del crimen organizado que controla amplias zonas del país que ahí sólo se admite la militancia y el activismo por las formaciones políticas que ellos manejan y hasta el grado en que ellos señalen.

Estos son casos en que la inseguridad pública disuade de toda participación cívico-política.  Pero hay otros en que las represalias de los gobiernos cuestionados constituyen una amenaza para dicha participación. Por ejemplo, en  las manifestaciones contra la corrupción denunciada contra el Gobernador de Chihuahua, hay muchas personas que si bien, convencidas de la justeza del movimiento, se abstienen de participar porque tienen sobre ellos la espada de una de dos inseguridades: si son empleados del gobierno, por temor a perder del empleo. Si son proveedores del mismo, por temor a perder el contrato.

El agotamiento de las personas que trabajan largas jornadas, precisamente para hacer frente a la precariedad del ingreso es un factor decisivo que reduce notablemente la participación en juntas de colonia, asociaciones de vecinos, asambleas de padres y madres de familia. Después de diez, doce horas de trabajo y transporte, sólo los muy motivados y convencidos tienen energía para hacer algo por los demás.

La inseguridad en el empleo y en el ingreso también constituye una forma de  controlar o desincentivar la organización de las y los trabajadores. El enorme déficit en a creación de puestos de trabajo hace que los que se generen sean tan precarios, tan frágiles en cuanto a su permanencia, que quienes acceden a ellos se retiren de todo cuestionamiento a los patrones, de toda forma de protesta por las condiciones de trabajo y de toda forma de organización laboral.

Pero esto no sólo permea a los trabajadores manuales o a la burocracia de bajo nivel. Ha llegado hasta los académicos de las universidades. Se ha estrechado tanto el embudo para acceder a una cátedra o a un puesto de investigador; se han multiplicado y burocratizado tanto las formas de evaluación del desempeño, se ha precarizado tanto el ingreso seguro y se han multiplicado tanto las percepciones complementarias condicionadas, como los estímulos académicos, que el sindicalismo universitario –con muy honrosas excepciones- se muere por inanición. Y los académicos fincan en la meritocracia y en la acumulación de puntos, sus estrategias individuales de reducir la inseguridad. Con esto se ha incrementado enormemente el control de la burocracia de la SEP y del aparato administrativo de las universidades sobre docentes e investigadores. Al punto que un  colega universitario concluye: “En esta universidad no hay sociedad civil”.

Un país inseguro, sobretrabajado, agotado, atemorizado, amenazado, es más fácil de controlar, de dominar.  Es un país fracturado, donde se rompen solidaridades. Donde las estrategias individuales de sobrevivencia  desplazan a la acción colectiva. Es un país propicio a la dictadura. Esa es la máxima no dicha pero firmemente creída de la clase política, ella sí, no sujeta a inseguridades ni a precariedades.

El círculo inseguridades-no participación-autoritarismo es difícil de romper. Pero no imposible. Las luchas por los derechos son la clave para quebrarlo. Por eso cobra  gran importancia el ejemplar movimiento surgido en San Quintín, desde lo más profundo de las precariedades y de las inseguridades: desde los indígenas, desde  los trabajadores agrícolas migrantes.  Ellos nos muestran que sólo arriesgándose a la máxima inseguridad se pueden reivindicar los derechos y comenzar a vencer el control y la dominación.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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