La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las medidas económicas emprendidas por el Gobierno venezolano contra periodistas y empresas periodísticas del país, como parte de una posible campaña de hostigamiento contra la prensa independiente.

La SIP solicitó al Gobierno venezolano “mayor transparencia” sobre actuaciones contra periodistas, como la realizada por la titular de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega, quien pidió a la justicia penal prohibir la enajenación de bienes y ordenar la congelación de cuentas del editor-presidente del diario caraqueño El Nacional, Miguel Henrique Otero.

A solicitud del MP (Ministerio Público) se dictó prohibición de enajenar, grabar (bienes) y congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero y privativa de libertad a (el exalcalde de Caracas Alfredo) Peña”, escribió Ortega en la red social Twitter, donde luego aclaró que se trata de peticiones aún sin respuesta judicial.

Otero denunció que se enteró por la red social Twitter de la demanda y que desconoce el expediente, recogió la SIP en un comunicado divulgado.

El editor-presidente de El Nacional considera que la acción de la Fiscalía se inserta dentro de una campaña del Gobierno venezolano para “silenciar, amedrentar y desprestigiar” mediante una estrategia con la que “compran medios, amenazan medios, cierran medios, le abren procedimientos a los periodistas, a los editores”, añadió la SIP.

Por otra parte, el pasado 24 de julio el Ministerio Público ordenó el cierre de las cuentas bancarias de Leocenis García, residente del Grupo 6to Poder, integrado por el semanario 6to Poder, 6to Poder Radio, diario El Comercio, 6topoderweb, 6to PoderDatos y la revista U-Sex. La medida, resultado de una acusación por lavado de dinero, evasión fiscal y financiación del terrorismo, incluyó la congelación e ocho cuentas bancarias del grupo y tres cuentas personales.

García calificó la medida de “inconstitucional” y agregó que se trata de “una práctica de persecución policial y acoso judicial propia de regímenes totalitarios”. El grupo 6to Poder es reconocido por su línea editorial crítica con el Gobierno venezolano.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa Información de la SIP, alerto sobre “este tipo de acciones que se insertan en una campaña gubernamental de no cerrar medios en forma directa por el costo político que ello engendra, sino que los ahoga económicamente, obteniendo el mismo resultado”.

“La presión económica -que 6to Poder no pueda pagar a sus empleados ni a sus proveedores- demuestra la intención agravante de un Gobierno que apela a la censura más burda para acabar con la prensa independiente”, destacó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.