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Política

Las otras deudas que deberá pagar Javier Corral

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Los gobiernos entrante y saliente iniciaron ayer de manera formal el traslado de la administración pública estatal, que incluye información sobre gastos y operaciones realizadas durante los últimos cinco años y nueve meses de la gestión del actual gobernador, César Duarte Jáquez.

Lo que faltaría contabilizar en todo ese mar de cuentas es la larga lista de cuentas que deberá cubrir la próxima administración, y que no aparecen en ninguno de los conceptos de deuda o de compromisos financieros del gobierno estatal.

Va el primer ejemplo: el CRIT. Por artículo de ley, el Gobierno del Estado debe entregar cada año una cantidad de dinero equivalente a 8 millones de UDI´s a esa institución, que forma parte de la estructura del grupo Televisa. Al tipo de cambio de hoy, esa cantidad asciende a 43 millones 200 mil pesos que el Gobierno está obligado a entregar a dicha institución.

La conveniencia o no de darle el dinero a Televisa para que otorgue un servicio que es un derecho universal, como es el acceso a la salud, amerita otro artículo. Por lo pronto, el Gobierno del Estado tiene esa obligación.
Otro botón más: la Ley de Víctimas: el Congreso del Estado reformó el artículo transitorio que le daba vigencia a esa ley, de modo que entre en vigor hasta el 1 de enero del 2017, es decir, cuando ya esté en funciones la próxima administración.

Por ese motivo, ésta tendrá la obligación de reservar el 0.3 de su presupuesto para restaurar los daños a las víctimas de actos de gobierno, ya sean torturas policiales, negligencias o daños causados por obras mal hechas. La cuenta ha de ser larga, si tenemos en cuenta la cantidad de denuncias de tortura que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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Maru Campos pone orden rumbo a 2027: advierte salidas del gabinete y defiende contrapesos en el Congreso

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, marcó una línea clara tanto al interior de su gobierno como en el debate político nacional, al advertir que los integrantes de su gabinete que busquen una candidatura deberán dejar sus cargos y, al mismo tiempo, pronunciarse en contra de la eliminación total de los diputados federales plurinominales.

En declaraciones recientes, la mandataria estatal reiteró que su administración está enfocada en dar resultados y que nadie puede aspirar a un cargo mayor sin haber cumplido primero con su responsabilidad actual. Señaló que los funcionarios con aspiraciones electorales rumbo a 2027 deberán separarse del puesto, ya que no es posible combinar el ejercicio del gobierno con una campaña política.

Campos Galván subrayó que la definición de candidaturas corresponde exclusivamente al Partido Acción Nacional, mediante procesos como elecciones abiertas, primarias o encuestas, y descartó cualquier tipo de favoritismo. Insistió en que la competencia interna debe basarse en desempeño y resultados, no en afinidades personales.

Ante este escenario, adelantó que en los próximos meses podrían registrarse vacantes en el gabinete estatal, derivadas de quienes decidan participar en los procesos electorales. No obstante, fuentes cercanas al gobierno indicaron que no se prevén cambios generales, sino únicamente ajustes relacionados con aspiraciones políticas.

En paralelo, la gobernadora fijó postura frente a la propuesta de eliminar a los diputados federales plurinominales. Consideró que una desaparición total de esta figura afectaría la representación de partidos minoritarios y emergentes en el Congreso de la Unión, especialmente en un contexto de concentración de poder.

Recordó que las diputaciones de representación proporcional surgieron con la reforma electoral de 1977 para abrir espacios a fuerzas políticas distintas al partido dominante de aquella época. Si bien reconoció que el esquema puede revisarse y ajustarse, advirtió que eliminarlo por completo dañaría el equilibrio democrático y la razón de ser de este mecanismo.

Con estas declaraciones, Maru Campos envió un mensaje doble: disciplina y resultados al interior de su gobierno, y defensa de los contrapesos institucionales en el ámbito legislativo, en un momento clave de definición política rumbo al próximo ciclo electoral.

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