México
Las preguntas que evadió Rosario Robles en comparecencia
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La última comparecencia de Rosario Robles como secretaria de Estado ante la Cámara de Diputados estuvo centrada en los señalamientos sobre su posible participación en el esquema del presunto desvío de recursos públicos documentado en La Estafa Maestra.
Durante siete horas, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), escuchó acusaciones y respondió a algunas preguntas de los legisladores con evasivas, argumentos parciales y hasta se dijo víctima de “violencia política de género”.
Los diputados de todas las fracciones, excepto el PRI, hicieron preguntas respecto a la responsabilidad de Rosario Robles en La Estafa Maestra, la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción que documentó que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios. Éstas a su vez subcontrataron a 186 empresas de las cuales 128 resultaron ilegales y, por tanto, más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.
La Sedesol hizo 10 convenios entres 2013 y 2014 con las universidades del Estado de México y Morelos por 2 mil 224 millones de pesos. Las instituciones contrataron a 20 empresas de las cuales 19 resultaron ilegales. Luego, en la Sedatu, durante la administración de Robles se repitió el esquema. Incluso, el periódico Reforma comprobó que 700 millones de pesos de éstos últimos convenios fueron trasladados en efectivo a 10 domicilios.
La funcionaria fue cuestionada durante toda la jornada al respecto, pero hubieron preguntas que nunca respondió.
¿Violencia de género?
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, le preguntó por qué ha mantenido a Emilio Zebadúa como Oficial Mayor en la Sedatu y la Sedesol, pese a los señalamientos de desvío por parte de la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que desde ese cargo se asignan y vigilan los recursos de la dependencia.
Otra más: ¿Cómo explica usted exactamente que el mismo esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra se aplicara en Sedesol y en Sedatu, en dos dependencias distintas, pero con usted al frente de ambas y con integrantes de su mismo equipo?
Además, aunque la secretaria había insistido en que ella no había firmado ningún documento, Tagle le reviró: ¿por qué estaría exenta de la responsabilidad si usted fue la titular y debe responder por la aplicación correcta de los recursos públicos y en todo caso se trata de una omisión?
Remató su participación en tribuna refiriéndose a lo informado por la Secretaría de Hacienda el mes pasado respecto a la recuperación de 100 millones de pesos de las empresas que participaron en ese mecanismo. “Si usted siempre aseguró que el dinero no se desvió, es decir, que no estaba perdido, ¿cómo es que lo recuperó la Secretaría de Hacienda?”.
En su intervención para responder, Robles no se refirió a ninguna de las dudas, sino se dijo víctima de “violencia política de género” por parte de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción por enfocarse sólo en ella y no en el resto de los implicados. Sin embargo, en la publicación sí se advierte que el mecanismo de desvío ocurrió en 11 dependencias, como Pemex, entonces encabezada por Emilio Lozoya; Banobras, por Alfredo del Mazo o José Reyes Baeza, en el Fovissste.
“Me llama mucho la atención que usted como feminista haya caído en esa trampa.
¿Por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género y usted y yo hemos luchado en contra de ella, señora diputada”, dijo Robles.
La respuesta de Tagle también estuvo dirigida al tema de género. “Del ya famoso no te preocupes, Rosario, tenemos que pasar al no te equivoques, Rosario. La condición de género no nos exime, no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción”.
La secretaria insistió que “no hay una sola prueba” de que Sedatu haya firmado un contrato con empresas fantasma, ni nada que vincule a las empresas con alguno de los funcionarios de Sedatu o de Sedesol.
Por eso, dijo estar tranquila para que le investiguen hasta “por debajo de las piedras”, sobre todo el nuevo gobierno que es de un partido contrario a la actual administración. Insistió en que su patrimonio no se ha incrementado y “absolutamente nadie va a poder probar lo contrario”, por eso, advirtió “no necesito que nadie me de una amnistía”.
En el posicionamiento de Morena, la diputada Sandra Olvera le reviró que “feminismo no es sinónimo de corrupción”, por eso insistió en las preguntas: “siendo usted una mujer sagaz y preparada, dejó que estos miles de millones de pesos desaparecieran? ¿Fue engañada, o acaso será que lo sabía y no hizo nada? ¿Por qué fue usted cómplice de la estafa maestra, o es usted la maestra de la estafa?
Robles tampoco contestó esas preguntas y enumeró las acciones de la Sedatu en Oaxaca y Chiapas tras los sismos ocurridos el 7 de septiembre de 2017. “No necesito que nadie me defienda, me defiende mi trabajo, me defiende mi trayectoria y las obras que hemos realizado y quiero poner el ejemplo de los sismos”, dijo la funcionaria.
En las siete horas de comparecencia, los diputados priistas intentaron llamar al orden y respeto en cada participación, pero no lo lograron. El resto de los diputados no cesaron en los cuestionamientos, e incluso, el petista Gerardo Fernández Noroña pidió cancelar la comparecencia si la funcionaria mantenía “en ese tono de cinismo y de burla (…) porque es intolerable estarle escuchando ese nivel de desvergüenza”. Minutos después, la tensión incrementó entre el priista Luis Nava que defendió a la secretaria y Noroña y llegaron a los manoteos en plena comparecencia.
Las irregularidades
La secretaria también insistió que ni la Sedesol ni la Sedatu contrataron a empresas fantasma. Lo cual es cierto, debido a que las dependencias utilizaron la excepción a la Ley de adquisiciones que permite evadir licitaciones y, en cambio, contrataron a entes de la administración pública, en este caso, a las universidades. Por lo tanto, éstas eran quienes hicieron los contratos con las empresas.
Sin embargo, la excepción a la ley establece que las universidades debían cumplir con 51% de los servicios, pero en este caso, las instituciones contrataban hasta 98%, lo que significó una violación a la legislación.
A la pregunta de la diputada del Partido Verde, Leticia Gómez, sobre por qué decidieron contratar a las universidades, la funcionaria respondió que “es perfectamente legal y “quién mejor que las universidades para colaborar en uno de los objetivos sociales más importantes del gobierno del presidente Peña, que era disminuir el hambre”.
No obstante, la Sedesol hizo convenios con la Universidad de Morelos, para, por ejemplo, repartir medio millón de despensas, y según comprobó la Auditoría, sólo se cumplió en 7%. También para organizar una feria y la compra de gorras, playeras o botas, pero en la investigación periodística se comprobó que de las 20 empresas implicadas, 19 eran ilegales o fantasma.
Aunque los servicios no se cumplieron, según confirmó la Auditoría, la dependencia sí entregó los recursos. Al insistirle sobre las empresas fantasma contratadas por las universidades, Robles dijo que a las dependencias “no les compete investigar lo que las universidades realizan porque son autónomas y somos respetuosos, por ley”.
Por primera vez desde que se desarrollan las comparecencias de los secretarios de Estado como parte de la glosa del sexto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se inscribieron 46 diputados para continuar los cuestionamientos sobre el tema después de las tres rondas de posicionamientos de los partidos políticos.
Fuente: Animal Político
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México
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
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Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.