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Las preguntas que evadió Rosario Robles en comparecencia

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La última comparecencia de Rosario Robles como secretaria de Estado ante la Cámara de Diputados estuvo centrada en los señalamientos sobre su posible participación en el esquema del presunto desvío de recursos públicos documentado en La Estafa Maestra.

Durante siete horas, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), escuchó acusaciones y respondió a algunas preguntas de los legisladores con evasivas, argumentos parciales y hasta se dijo víctima de “violencia política de género”.

Los diputados de todas las fracciones, excepto el PRI, hicieron preguntas respecto a la responsabilidad de Rosario Robles en La Estafa Maestra, la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción que documentó que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios. Éstas a su vez subcontrataron a 186 empresas de las cuales 128 resultaron ilegales y, por tanto, más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.

La Sedesol hizo 10 convenios entres 2013 y 2014 con las universidades del Estado de México y Morelos por 2 mil 224 millones de pesos. Las instituciones contrataron a 20 empresas de las cuales 19 resultaron ilegales. Luego, en la Sedatu, durante la administración de Robles se repitió el esquema. Incluso, el periódico Reforma comprobó que 700 millones de pesos de éstos últimos convenios fueron trasladados en efectivo a 10 domicilios.

La funcionaria fue cuestionada durante toda la jornada al respecto, pero hubieron preguntas que nunca respondió.

¿Violencia de género?
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, le preguntó por qué ha mantenido a Emilio Zebadúa como Oficial Mayor en la Sedatu y la Sedesol, pese a los señalamientos de desvío por parte de la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que desde ese cargo se asignan y vigilan los recursos de la dependencia.

Otra más: ¿Cómo explica usted exactamente que el mismo esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra se aplicara en Sedesol y en Sedatu, en dos dependencias distintas, pero con usted al frente de ambas y con integrantes de su mismo equipo?

Además, aunque la secretaria había insistido en que ella no había firmado ningún documento, Tagle le reviró: ¿por qué estaría exenta de la responsabilidad si usted fue la titular y debe responder por la aplicación correcta de los recursos públicos y en todo caso se trata de una omisión?

Remató su participación en tribuna refiriéndose a lo informado por la Secretaría de Hacienda el mes pasado respecto a la recuperación de 100 millones de pesos de las empresas que participaron en ese mecanismo. “Si usted siempre aseguró que el dinero no se desvió, es decir, que no estaba perdido, ¿cómo es que lo recuperó la Secretaría de Hacienda?”.

En su intervención para responder, Robles no se refirió a ninguna de las dudas, sino se dijo víctima de “violencia política de género” por parte de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción por enfocarse sólo en ella y no en el resto de los implicados. Sin embargo, en la publicación sí se advierte que el mecanismo de desvío ocurrió en 11 dependencias, como Pemex, entonces encabezada por Emilio Lozoya; Banobras, por Alfredo del Mazo o José Reyes Baeza, en el Fovissste.

“Me llama mucho la atención que usted como feminista haya caído en esa trampa.

¿Por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género y usted y yo hemos luchado en contra de ella, señora diputada”, dijo Robles.

La respuesta de Tagle también estuvo dirigida al tema de género. “Del ya famoso no te preocupes, Rosario, tenemos que pasar al no te equivoques, Rosario. La condición de género no nos exime, no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción”.

La secretaria insistió que “no hay una sola prueba” de que Sedatu haya firmado un contrato con empresas fantasma, ni nada que vincule a las empresas con alguno de los funcionarios de Sedatu o de Sedesol.

Por eso, dijo estar tranquila para que le investiguen hasta “por debajo de las piedras”, sobre todo el nuevo gobierno que es de un partido contrario a la actual administración. Insistió en que su patrimonio no se ha incrementado y “absolutamente nadie va a poder probar lo contrario”, por eso, advirtió “no necesito que nadie me de una amnistía”.

En el posicionamiento de Morena, la diputada Sandra Olvera le reviró que “feminismo no es sinónimo de corrupción”, por eso insistió en las preguntas: “siendo usted una mujer sagaz y preparada, dejó que estos miles de millones de pesos desaparecieran? ¿Fue engañada, o acaso será que lo sabía y no hizo nada? ¿Por qué fue usted cómplice de la estafa maestra, o es usted la maestra de la estafa?

Robles tampoco contestó esas preguntas y enumeró las acciones de la Sedatu en Oaxaca y Chiapas tras los sismos ocurridos el 7 de septiembre de 2017. “No necesito que nadie me defienda, me defiende mi trabajo, me defiende mi trayectoria y las obras que hemos realizado y quiero poner el ejemplo de los sismos”, dijo la funcionaria.

En las siete horas de comparecencia, los diputados priistas intentaron llamar al orden y respeto en cada participación, pero no lo lograron. El resto de los diputados no cesaron en los cuestionamientos, e incluso, el petista Gerardo Fernández Noroña pidió cancelar la comparecencia si la funcionaria mantenía “en ese tono de cinismo y de burla (…) porque es intolerable estarle escuchando ese nivel de desvergüenza”. Minutos después, la tensión incrementó entre el priista Luis Nava que defendió a la secretaria y Noroña y llegaron a los manoteos en plena comparecencia.

Las irregularidades
La secretaria también insistió que ni la Sedesol ni la Sedatu contrataron a empresas fantasma. Lo cual es cierto, debido a que las dependencias utilizaron la excepción a la Ley de adquisiciones que permite evadir licitaciones y, en cambio, contrataron a entes de la administración pública, en este caso, a las universidades. Por lo tanto, éstas eran quienes hicieron los contratos con las empresas.

Sin embargo, la excepción a la ley establece que las universidades debían cumplir con 51% de los servicios, pero en este caso, las instituciones contrataban hasta 98%, lo que significó una violación a la legislación.

A la pregunta de la diputada del Partido Verde, Leticia Gómez, sobre por qué decidieron contratar a las universidades, la funcionaria respondió que “es perfectamente legal y “quién mejor que las universidades para colaborar en uno de los objetivos sociales más importantes del gobierno del presidente Peña, que era disminuir el hambre”.

No obstante, la Sedesol hizo convenios con la Universidad de Morelos, para, por ejemplo, repartir medio millón de despensas, y según comprobó la Auditoría, sólo se cumplió en 7%. También para organizar una feria y la compra de gorras, playeras o botas, pero en la investigación periodística se comprobó que de las 20 empresas implicadas, 19 eran ilegales o fantasma.

Aunque los servicios no se cumplieron, según confirmó la Auditoría, la dependencia sí entregó los recursos. Al insistirle sobre las empresas fantasma contratadas por las universidades, Robles dijo que a las dependencias “no les compete investigar lo que las universidades realizan porque son autónomas y somos respetuosos, por ley”.

Por primera vez desde que se desarrollan las comparecencias de los secretarios de Estado como parte de la glosa del sexto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se inscribieron 46 diputados para continuar los cuestionamientos sobre el tema después de las tres rondas de posicionamientos de los partidos políticos.

Fuente: Animal Político

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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