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Las pruebas de ADN a inmigrantes descubren sorpresas desagradables

El Departamento de Salud ha prometido reunir hoy con sus padres a 38 de los 102 menores inmigrantes menores de cinco años a los que separó durante mayo y junio tras cruzar la frontera ilegalmente. Una corte federal dio de plazo hasta este martes para reunificar a las familias rotas por la política de tolerancia cero del Gobierno presidido por Donald Trump, que ha pedido sin embargo más tiempo ante los problemas con los que se ha encontrado. Entre ellos, que algunas de las personas que claman ser sus padres biológicos en realidad no lo son y puede que no lo sepan.

Sólo cuatro niños fueron devueltos a sus padres antes de la fecha límite del 10 de julio, entre ellos dos chicos y una chica de sendas familias hondureñas, que les esperaban en Michigan. “Los abrazaban y amaban”, ha explicado una representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Abril Valdés, “les decían que nunca más volverían a separarse de ellos”.

Otros 34 niños tenían previsto reunirse a lo largo del día con sus padres, encerrados en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en inglés). Hay otros 17 que tienen también a sus padres en centros de ICE, pero aún no han pasado los controles correspondientes, al igual que otros ocho adultos que ya fueron liberados.

El resto de casos es más complicado si cabe: 12 padres fueron deportados ya sin sus hijos; otros 10 están todavía en la cárcel por entrar ilegalmente en el país; uno está enfermo, otro no tiene un sitio donde vivir, y otro está en paradero desconocido. Los 14 restantes o tienen antecedentes criminales graves, o no son sus padres como dicen ser.

Este último caso afecta a cinco personas. Dado que el testimonio de los menores no es fiable (tienen menos de cinco años), y que no cuentan en muchos casos con certificados de nacimiento, el Gobierno decidió realizar pruebas de ADN para estar seguro de que estaba devolviendo a los niños con sus verdaderos padres. Pero esas pruebas han dado negativo en dos ocasiones, es decir, quién decía ser el padre del menor en realidad no lo es.

“[Los padres] pueden no saber que no son los padres biológicos”, ha explicado un portavoz del Departamento de Salud, Chris Meekins, que no ha explicado cómo se afrontará esta situación.

Fuente: Telemundo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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