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Lavado de dinero fomenta el comercio informal: Contadora

El lavado de dinero es un acto que afecta a todos y es una consecuencia derivada de otros delitos, por lo que es de mucha importancia la prevención y el combate a dicha actividad que se encuentra fuera de la ley, así lo dijo la C.P.C. Marta Isela Marrufo Rodríguez, Presidenta de la Comisión Local de Prevención de Lavado de Dinero.
Lo anterior durante la presentación del tema Las Actividades Vulnerables y Sus Implicaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido en la sesión mensual del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.
Marta Marrufo, enfatizó en que los recursos provenientes de actos ilícitos se introducen al sistema financiero por medio de artimañas que tratan de ocultar la verdadera procedencia del dinero; dicho tema se basa en la Ley Anti Lavado y lo presentó la Comisión Local de Prevención de ese delito.
En su intervención el C.P.C Fernando López de la Parra, señaló que cuando se trata de recursos ilegales, las personas involucradas buscan a toda costa de convertirlo en dinero lícito, lo que se convierte en un círculo vicioso, pues un delito lleva a otro.
Resaltó que ese tipo de dinero no paga impuestos y en ocasiones pueden llevar a generar consecuencias internacionales, al estar generando dinero que realmente no existe, se sanciona a países que no actúan en consecuencia a dicha problemática.
Por su parte C.P.C. Alejandro Granillo Robles, explicó que al obtener dinero de manera ilegal, se busca legalizarlo por medio de la informalidad, lo que aparte de no contribuir en nada al país, también es un delito, es decir, ese recurso circula sin un sustento legal.
En este sentido aclaró que no todo el lavado de dinero proviene del narcotráfico, trata de blancas, secuestros o similares, sino también de actividades que bien pueden ser lícitas pero al momento de dejarse fuera de la formalidad, se convierten en ilícitas.
El C.P.C. Manuel Alberto Paredes Aguirre, mencionó que las disposiciones de las autoridades hacendarias y fiscalizadoras, han aportado su granito de arena en el tema de la prevención del lavado de dinero, pues han mantenido un control de información financiera muy importante y por la que se pueden detectar transferencias irregulares o sospechosas.
Celebró la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca inhibir y detectar ese delito, sin embargo enfatizó en que ese gran avance no se dio por casualidad, sino son varios los órganos internacionales que han presionado a los países con problemas de lavado, como México, para que trabajen en el tema del lavado de dinero.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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