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México

Layda Sansores facturó ropa, comida y tinte del cabello con cargo al Senado

La senadora con licencia, del PT, Layda Sansores, quien ahora busca ser alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón por la coalición «Juntos haremos historia», le cargó al senado artículos personales, refrigeradores, muebles, gastos del super y hasta una muñeca, de acuerdo a la investigación difundida esta noche por el noticiero «En Punto».

En los hechos, ocurridos durante 2016 y 2017, los servicios administrativos de la cámara de senadores reembolsaron más de 700 mil pesos en gastos personales a Layda Sansores, que no están relacionados con su labor legislativa.

A través de una solicitud de información, se obtuvieron copias de las facturas queSansores presentó al senado para poder comprobar sus gastos legislativos.

La senadora del Partido del Trabajo, facturó a nombre del senado de la república gastos personales que van desde el tinte para teñir su cabello de rojo, desodorantes, pasta de dientes y hasta la despensa de su casa.

Bajo este concepto, el senado avaló las compras por 59 mil 731 pesos que realizó en tiendas y supermercados. El 30 de noviembre del 2016, se gastó por ejemplo 6 mil 610 pesos en 12 kilos de bacalao noruego y 2 kilos de jamón serrano. Un senador de la república percibe un sueldo mensual bruto de 223 mil pesos, más un recurso extra, llamado «De servicios generales», en apoyo de sus labores legislativas, que tienen que comprobar que va desde los 150 mil a los 232 mil pesos mensuales.

Sn embargo, Sansores facturó a nombre del senado compras en diversas tiendas departamentales en la Ciudad de méxico…fueron 56 mil 274 pesos en maquillaje, joyería, ropa, bolsas y juguetes para sus nietos, por ejemplo: en una factura, del primero de diciembre de 2016, pagó 4 mil 940 pesos por una muñeca «Truly me» y sus accesorios.

La senadora Sansores también se mandó a confeccionar con la diseñadora de modas, Carmen Rión, un vestido y una mascada de seda con la cara de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, también un saco y un rebozo. Por las cuatro prendas se pagaron 22 mil 185 pesos.

También facturó a nombre del senado de la república 288 mil 476 pesos por la compra de almohadas, juegos de sábanas, cobertores, cortinas, toallas, vajillas, cubiertos, tazas, platos, refrigerador, estufa, tostador, plancha, licuadora, colchones, cafetera, sartenes, sillas, comedor, portarretratos, aires acondicionados, ventiladores y macetas.

El 21 de octubre de 2016, por ejemplo, también facturó una cafetera de 32 mil 939 pesos y el 5 de enero del 2017, una licuadora de 14 mil 999 pesos, así como otros productos.

Las compras mencionadas se realizaron en diversas tiendas de la Ciudad de México y Campeche.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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