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Levantan suspensión de permisos de aprovechamiento forestal sin notificar a comunidad indígena

La comunidad indígena de Bosques San Elías Repechique, enclavada en la Sierra Tarahumara en el municipio de Bocoyna, exigió a las dependencias federales, particularmente a la SEMARNAT, que se cancelen los 8 permisos de aprovechamiento forestal que la dependencia federal otorga a particulares madereros, quienes extraen madera del territorio ancestral indígena sin la debida aprobación de la comunidad.

En abril del año pasado la comunidad interpuso un amparo reclamando a la SEMARNAT: a) la emisión de 8 permisos de aprovechamiento forestal, b) la falta de consulta y consentimiento libre, previa e informada en relación al otorgamiento de los permisos, c) la ejecución de actos que dañen de manera temporal o definitiva el territorio ancestral de la comunidad y d) las consecuencias que tengan estos actos.

Derivado de dicho recurso legal, el juzgado 8vo. De Distrito suspendió los permisos de aprovechamiento; sin embargo, hace algunas semanas el particular que extrae la madera del territorio de la comunidad, realizó acciones de limpieza y prevención de incendios por lo que las autoridades federales levantaron la suspensión de los permisos de aprovechamiento sin tomar en cuenta a la comunidad Bosques San Elías Repechique, e incluso sin siquiera notificarles.

Lo anterior, en clara violación a los derechos territoriales y comunales de la comunidad rarámuri, que desde hace más de una década lucha contra la tala en su territorio ancestral, sin ser escuchados ni ser tomados en cuenta, a pesar de ser los dueños legítimos del territorio; esto ha ocasionado que en más de una ocasión la comunidad indígena tome medidas de protesta pacífica y resistencia civil, como la toma del Aeropuerto de Creel que el Gobierno del Estado construyó sin haberlos consultado.

Hace casi un año, el 27 de febrero del 2017, se llevó a cabo otra manifestación pacífica en el bosque de Bocoyna, donde miembros de la comunidad cerraron el paso a los camiones madereros para evitar que sacaran la madera de su territorio y que continuasen talando el bosque.

Los recursos naturales (agua, suelo, madera, etc.) se consideran de acceso preferente para las comunidades indígenas y su aprovechamiento por particulares mestizos deberá someterse en primera instancia a la consulta previa e informada de la comunidad; en este caso, la comunidad rechaza los aprovechamientos en su territorio.

Por lo anterior, la comunidad de Bosques San Elías Repechique exige que les sea respetado su derecho a la consulta previa, libre e informada; que la SEMARNAT suspenda los 8 permisos de aprovechamiento forestal otorgados a particulares sin consentimiento de la comunidad, así como el respeto a sus derechos humanos, territoriales y comunitarios como pueblo indígena.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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