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Leviatán. Por Raúl Saucedo

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NACIONES PANTALLA

El regreso de las letras por este medio después de casi un mes de ausencia se debe no solo al periodo de verano en el calendario, sino al estudio y observación de campo…he aquí el primer resultado de ello.

La filosofía política nos enseñó que el poder, para ser efectivo, debe ser concentrado y legitimado. Thomas Hobbes,en su obra cumbre, imaginó al Leviatán, un monstruo bíblico que representaba al Estado soberano, la única entidad capaz de poner fin a la guerra de todos contra todos. El Leviatán de Hobbes no era un tirano por capricho, sino un mal necesario al que los ciudadanos voluntariamente cedían sus derechos a cambio de seguridad y orden. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una nueva forma de poder, un Leviatán moderno que ha surgido de nuestras propias manos: las «naciones pantalla».

Estas «naciones», no son estados en el sentido tradicional. Son corporaciones tecnológicas (Google, Meta, Amazon) que han concentrado un poder económico, cultural y político que eclipsa al de muchos países. Al igual que el Leviatán, ejercen un control absoluto sobre su dominio, pero a diferencia de esta figura, lo hacen sin el pacto social ni la legitimidad democrática. No necesitan pedirnos nuestro consentimiento en una asamblea, pues ya lo hemos entregado de forma tácita con cada clic, cada «me gusta» y cada dato que cedemos.

La analogía es inquietante. El Leviatán digital nos ofrece un tipo de seguridad: la comodidad de tener el mundo en la palma de la mano, el entretenimiento constante y la conexión con otros. A cambio, nos exige una obediencia absoluta. Estas empresas deciden qué información podemos ver y cuál no, manipulan el debate público a través de algoritmos opacos y monetizan la polarización. Han sustituido funciones estatales, gestionando el tráfico mejor que la policía, resolviendo disputas comerciales de forma más eficiente que cualquier oficina pública y orientando las elecciones con mayor impacto que cualquier medio tradicional.

El Leviatán de Hobbes tenía contrapesos; su poder estaba limitado por la voluntad de sus súbditos, que podían derrocarlo si no cumplía con su parte del pacto. El Leviatán digital, en cambio, opera sin contrapesos efectivos. No rinde cuentas ante parlamentos ni tribunales de la misma manera que lo haría un Estado. Cuando viola nuestra privacidad o fomenta la desinformación, las sanciones son, para estas empresas, meros «costos operativos».

La tiranía de estas naciones pantalla es sutil, pero profunda. Fragmentan nuestra atención, vulneran nuestra privacidad y erosionan el periodismo tradicional. Estamos viviendo arrodillados ante ellas, entregando nuestra soberanía a cambio de una ilusión de control. La pregunta no es si debemos apagar las pantallas, sino si estamos dispuestos a exigir que estas herramientas sirvan a los seres humanos y no al revés.

Sin embargo, frente a este panorama, no podemos caer en el fatalismo. La batalla por nuestra soberanía digital se libra en dos frentes: el individual y el colectivo. En el plano individual, la toma de conciencia es el primer paso. Debemos cuestionar nuestra relación con las pantallas, entender los mecanismos de la adicción y valorar nuestra privacidad como un bien fundamental, no como una moneda de cambio por servicios gratuitos. Significa ser críticos con la información que consumimos y con la forma en que interactuamos en estos ecosistemas. No se trata de un rechazo de la tecnología, sino de una nueva alfabetización cívica que nos enseñe a ser ciudadanos digitales, no súbditos.

En el plano colectivo, la respuesta debe ser política y regulatoria. Así como en el siglo XX los Estados limitaron el poder de los grandes monopolios industriales, hoy es urgente crear marcos legales que pongan un freno a la tiranía de las naciones pantalla. Es necesario exigir transparencia en sus algoritmos, proteger nuestros datos personales con leyes firmes y sancionar de manera efectiva la desinformación deliberada. Este es el gran desafío de nuestro tiempo: recuperar el control de las herramientas que hemos creado para que sirvan a la democracia y al bien común, en lugar de consolidar un poder que opera por encima de los gobiernos y de la voluntad popular.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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