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México

#Ley3de3 ¿Quién miente?

La iniciativa 3 de 3 se convirtió en un elemento central para la sociedad y porque logró convocar a mucha gente que tomó conciencia de lo que se estaba discutiendo y la importancia que tiene en un país gobernado y abrumado por la corrupción, empezando por sus gobiernos.

El movimiento ciudadano «3 de 3» prendió las alarmas justo después de las 2 de la mañana del día de ayer al denunciar que la iniciativa firmada por más de 630,000 personas en todo el país había sido desechada gracias al voto en contra de los senadores del PRI y PVEM, en redes sociales se viralizó la imagen de la votación que se subió desde la cuenta oficial del movimiento, donde todo tipo de personajes públicos promovieron su rechazo por lo ocurrido en la votación e incluso invitaron a llamar a legisladores para conocer de viva voz el porque votaron en contra de la iniciativa ya mencionada, en los términos que se propuso.

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Tiempo después, una estrategia de mensajes masivos por parte del Partido Revolucionario Institucional señalaba que aún «no se termina de votar el Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por 7 leyes, de las cuales ya se votaron 4. En lo que respecta a la Ley de Responsabilidades Administrativas, aprobamos la obligación de los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal. Los formatos para dichas declaraciones serán determinados por un Comité de Participación Ciudadana»

En cuanto a los senadores chihuahuenses la única en dar la cara en redes sociales fue Lilia Merodio quien en una publicación aseguró que era «congruente en sus palabras y acciones» asegurando que ella misma ha presentado su declaración 3 de 3.

Incluso el coordinador de los senadores del PRI,  Emilio Gamboa Patrón llegó a decir que “Se ha querido confundir a la sociedad con que hicimos una iniciativa ligth de 3 de 3 y es todo lo contrario, hicimos lo que nos mandataron los ciudadanos, organizaciones muy serias, muy reconocidas y de gran prestigio”

Entonces, si aparentemente ya fue aclarado que los priístas votaron a favor de la Ley 3 de 3 como lo dice su presidente. ¿Por qué sostiene el movimiento que se rechazó?

Ciertamente fue votada la Ley de Responsabilidades Administrativas en la que debería venir integrada la iniciativa 3 de 3 que miles de personas firmaron y en la que a grandes rasgos busca implementar nuevas reglas de conducta para la relación entre los servidores públicos y los actores privados. Al presentar sus declaraciones tanto patrimoniales, de intereses y fiscal y con ello se pretende acabar con el conflicto de intereses.

Sin embargo, aunque pareciera que la iniciativa de 3 de 3 habría triunfado en la cámara alta no fue así debido a que jueces, funcionarios, dirigentes sindicales, legisladores, ministros y otro tipo de servidores públicos NO tendrán la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.

Aunque los funcionarios estén obligados a subir sus declaraciones a una plataforma digital (secreta u oculta), también tienen derecho a no mostrarlas y en todo caso, son los ciudadanos los que deben pedir (no exigir) que les sean mostradas, esto lo propusieron los senadores tanto del PRI como del Partido Verde Ecologista de México para que servidores públicos de los tres niveles de gobierno no tengan la obligación de hacer una declaración patrimonial de manera abierta.

Este candado quedó estipulado en el artículo 29 de dicha ley, y aunque el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) unieron fuerzas para intentar modificarlo, al final la votación no les favoreció.

En contra de la modificación del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa: 59 votos, de los cuales 1 provino de un senador independiente, 52 del PRI y 6 del PVEM

A favor de la modificación: 50 votos, de los cuales 34 vinieron del PAN y 16 del PRD.

No votaron 17 senadores (4 del PAN, 3 del PRD, 3 del PRI, 6 del PT y 1 del PVEM). La senadora del PT se abstuvo

Por eso la siguiente imagen que fue altamente viralizada es cierta pues ella demuestra el momento cuando se perdió la oportunidad de que La ley 3 de 3 fuera integrada como los ciudadanos la firmaron y no, como tanto el PRI y PVEM, alteraron:

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La imagen de la votación que fue sumamente compartida en Redes Sociales y que el PRI intentó desmentir

Debido a este candado impuesto por el PRI y el PVEM, los funcionarios NO tienen la obligación de difundir:

  • Ingresos
  • Propiedades
  • Vehículos
  • Cuentas bancarias

En cuanto a la declaración fiscal, los funcionarios solamente deben subirla a la llamada Plataforma Digital Nacional, por lo tanto, su única obligación es acreditar ante el fisco que cumplieron con el trámite.

La ley 3 de 3 quedó sin fuerza y es por eso que en algunos medios la llamaron la ley «descafeinada» o «light». Aunque tienen razón los priístas en que finalmente se votó, podrían buscar engañar a la ciudadanía pues al modificar la iniciativa y «meterle mano» en el fondo, pierde su sentido original, al no poder evitar que la corrupción se siga filtrando gracias a las rendijas dejadas por su artículo 29.

Queda en usted, ciudadano informado decretar quien miente y el preguntarse -y preguntar- ¿Qué tanto interés tienen los políticos en México de ser transparentes y verdaderamente acabar con la corrupción?

Nos causa mucha frustración: Instituto Mexicano para la Competitividad 

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que es un momento de mucha frustración.

Al respecto, enfatizó que «nos tocó ver de primera mano la sordera estructural del PRI y el Verde, la mezquindad de no reconocer una iniciativa de la ciudadanía y lo que se aprobó ayer no es la Ley que firmamos 630 mil mexicanos».

Entrevistado en el programa Atando Cabos, el director del Imco, recordó que se manda la responsabilidad de definir qué información va en la declaración patrimonial y en la declaración de intereses a un Consejo Ciudadano que todavía no existe.

Recalcó que sobre la Ley 3de3 «ganó la mezquindad y ahora los que vamos a tener que hacer la 3de3, no son los gobernadores o los legisladores, somos los mexicanos, porque le agregaron lo que es francamente improcedente, que también las empresas que reciban recursos públicos, van a tener que presentar su 3de3».

Dijo que en lugar de eso, se debería hablar de transparencia en los contratos, que haya competencia a la hora de que se asignan proyectos de obra pública «allí está el nudo de la corrupción entre el sector privado y el sector público, por lo que esta decisión es absurda y decepcionante y me parece una especie de venganza de la clase política sobre los ciudadanos que firmamos con el mensaje de que no nos volvamos a meter en estos temas».

Sobre el resto del contenido en la 3de3, dijo que hay cosas importantes, como las plataformas digitales, para que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga el mismo músculo tecnológico que tiene el Sistema de Administración Tributaria, «para que este sistema pueda tener información en tiempo real sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos».

Ver video:

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Haz click para ver el video

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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