Este lunes fue liberada la salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel en 2012 por un delito de «homicidio agravado» cometido por supuestamente abortar, luego de que la Fiscalía General no interpusiera un recurso en contra del veredicto de un juzgado de la localidad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán.

Tras una audiencia de revisión de medidas realizada hace una semana, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque determinó que Rogel debía quedar en libertad condicional anticipada. La acusada había cumplido nueve años de pena en el Centro de Detención Menor de la ciudad de Zacatecoluca, capital del departamento de La Paz.

Se esperaba que la Fiscalía, que había mostrado su oposición a esta decisión, presentara un recurso de revocatoria. Sin embargo, esto no ocurrió y el organismo manifestó en un comunicado que no tenía elementos para apelar y que su caso tenía todos los elementos para otorgarle el beneficio de la libertad.

La joven salvadoreña sufrió una emergencia obstétrica en octubre de 2012, cuando tenía 20 años, al resbalarse mientras lavaba ropa en una zona rural del país centroamericano. Rogel, que presentó un desgarro y sangrado, fue llevada a un hospital, donde aún en estado delicado, la señalaron de haber querido concluir su embarazo.

Por ello, la detuvieron y fue acusada de «homicidio agravado». Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización civil, la acusación de la Fiscalía se hizo «interpretando parcializadamente los hechos y presumiendo su culpabilidad sin prueba alguna».

En El Salvador el aborto está penalizado desde 1998 en todas las circunstancias, sin importar si el embarazo es consecuencia de una violación, si la madre está en riesgo o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. Las penas van de los ocho hasta los 50 años.