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Liberan a la salvadoreña Sara Rogel, acusada de abortar y condenada a 30 años de prisión

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Este lunes fue liberada la salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel en 2012 por un delito de «homicidio agravado» cometido por supuestamente abortar, luego de que la Fiscalía General no interpusiera un recurso en contra del veredicto de un juzgado de la localidad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán.

Tras una audiencia de revisión de medidas realizada hace una semana, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque determinó que Rogel debía quedar en libertad condicional anticipada. La acusada había cumplido nueve años de pena en el Centro de Detención Menor de la ciudad de Zacatecoluca, capital del departamento de La Paz.

Se esperaba que la Fiscalía, que había mostrado su oposición a esta decisión, presentara un recurso de revocatoria. Sin embargo, esto no ocurrió y el organismo manifestó en un comunicado que no tenía elementos para apelar y que su caso tenía todos los elementos para otorgarle el beneficio de la libertad.

La joven salvadoreña sufrió una emergencia obstétrica en octubre de 2012, cuando tenía 20 años, al resbalarse mientras lavaba ropa en una zona rural del país centroamericano. Rogel, que presentó un desgarro y sangrado, fue llevada a un hospital, donde aún en estado delicado, la señalaron de haber querido concluir su embarazo.

Por ello, la detuvieron y fue acusada de «homicidio agravado». Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización civil, la acusación de la Fiscalía se hizo «interpretando parcializadamente los hechos y presumiendo su culpabilidad sin prueba alguna».

En El Salvador el aborto está penalizado desde 1998 en todas las circunstancias, sin importar si el embarazo es consecuencia de una violación, si la madre está en riesgo o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. Las penas van de los ocho hasta los 50 años.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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