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México

Liberan a mujer víctima de violencia que mató a su esposo

Paola Córdoba, acusada de asesinar a su esposo de 185 puñaladas, quedó hoy en libertad tras la apelación de la defensa para que el caso sea analizado como homicidio en legítima defensa y que se considere la violencia de género.

Paola, quien tiene tres hijos menores de edad, de 7, 10 y 13 años, denunció en siete ocasiones a su marido, Alberto Elvio Naiaretti, por violencia y amenazas en 2003, 2010 y 2012, las cuales están en el fuero penal.

En 2016, 2017 y 2018 se volvió a quejar, pero en juzgados de Familia.

Las últimas querellas, de acuerdo a información divulgada por medios locales, llegaron recientemente al sistema penal.

Paola y su hija Milagros, de 18 años, fueron detenidas pocas horas después del asesinato de Naiaretti, toda vez que ellas mismas llamaron a las autoridades para reportar el caso, pero el defensor oficial, Javier Chirino, pidió la excarcelación extraordinaria por la violencia de género en el que vivían las mujeres.

El juez estuvo de acuerdo en la liberación de las detenidas en la alcaldía de La Plata, pero la fiscal Silvia González Bazzani apeló que las denuncias (algunas realizadas en su propia fiscalía) «no reflejan la gravedad que dicen las imputadas vivían desde hace años».

En sus declaraciones las mujeres, cuyo domicilio se ubica en José C. Paz, relataron haber sufrido todo tipo de violencia y humillaciones por muchos años, además de que Paola acusó a Naiaretti de prostituirla en la ruta 8.

La fiscal rechazó la liberación al considerar que hay peligro «de fuga y entorpecimiento probatorio» y que las mujeres llamaron al 911 «cuatro horas después del hecho», además de que falta revisar sus celulares y aplicar pruebas psiquiátricas, así como tomar testimonios de personas cercanas.

El abogado Andrés López, quien trabaja con el defensor oficial Chirinos, refirió que la acusada hizo varias denuncias y todas estaban archivadas y no se actuó durante años. “En su historia, con sus denuncias, su declaración, es muy evidente el abuso y la tortura a la que fue sometida», dijo.

Desde que fue detenida Paola, cientos de mujeres se manifestaron ante la fiscalía de Malvinas Argentinas, en Comodoro Rivadavia 115, para exigir su libertad, la cual se hizo realidad este lunes.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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