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Libertad de expresión en México vive momentos delicados: CNDH

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La CNDH dio seguimiento a 176 averiguaciones previas iniciadas con motivo de los homicidios y desapariciones de periodistas, por lo que emitió la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México».

La CIDH destacó el aumento de agresiones a periodistas en México. (Quadratín)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) celebró que el pasado 10 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, aprobada por el Consejo Consultivo del organismo.

Ante el incremento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, la CNDH emitió esta Recomendación General, que pone en evidencia -planteo- que «la libertad de expresión en el país vive momentos muy delicados».

Lo anterior se demuestra «con el crecimiento gradual en el número de quejas recibidas en la CNDH relacionadas con agresiones a este gremio».

Para dimensionar el incremento en las agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación, «en el documento se especifica que en el periodo comprendido de 2001 a 2005 hubo un promedio de 41.6 quejas por año; para 2006 a 2010 se registró un promedio anual de 78 quejas (es decir, un incremento del 87.5% respecto a los cinco años previos) y de 2011 a 2015 se presentaron un promedio de 87.8 quejas por año (un incremento de 12.5% respecto al lustro anterior)».

Por lo que respecta a los homicidios cometidos en contra de comunicadores, «la Recomendación General menciona que se ha dado un incremento constante a partir del año 2000, alcanzando un máximo de 12, entre los años 2009 y 2015».

«Los 109 homicidios de periodistas registrados desde el año 2000 y hasta el 31 de enero de 2016, han ocurrido en diversas entidades federativas. No obstante, seis de cada diez asesinatos de periodistas se cometieron en cinco entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca».

El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, registró entre 2005 a 2015 un total de 20 desapariciones de periodistas, siendo los años 2010 y 2012, en los que se presentaron cuatro casos en cada uno de esos años, se indica.

De igual manera, en el documento se menciona que de 2006 a 2015 se registraron 48 atentados contra instalaciones de los medios de comunicación, con un incremento significativo a partir de 2010.

Además del aumento en las agresiones a periodistas, se advierte que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública no han logrado inhibir los ilícitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación, tales como las desapariciones, lesiones, amenazas, intimidación y atentados, entre otros.

Adicionalmente, las procuradurías y fiscalías de justicia no han logrado esclarecer los hechos delictivos y han incurrido en dilación en la integración de las indagatorias que se inician por esos hechos, lo que repercute en el grado de impunidad y en la situación de los periodistas y medios de comunicación en el país.

Sobre lo anterior, la CNDH dio seguimiento a 176 averiguaciones previas iniciadas con motivo de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, de lo que obtuvo datos que dan cuenta del gran problema de impunidad en este tipo de crímenes en el país, pues en tan solo 17 casos, es decir, 10% de las indagatorias iniciadas por esos hechos, el juez de la causa dictó sentencia, lo que implica un 90% de índice de impunidad.

El Financiero

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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