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México

Libres, 53 de 142 detenidos por caso Iguala; investigarán a Jesús Murillo Karam

Los jueces encargados de los procesos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han desestimado pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro, y privilegian más el derecho de los victimarios que el de las víctimas.

Así lo afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien indicó que por esta situación están libres 53 de los 142 civiles y policías municipales detenidos por la noche de Iguala.
Alertó que otros 50 sospechosos podrían quedar libres, pues la liberación, por tortura, de Gildardo López Astudillo, jefe de Guerreros Unidos, marcó un precedente judicial en el caso que sería aprovechado por otros presos.

Adelantó que interpondrán denuncias ante la FGR y la Judicatura para investigar a quienes integraron las averiguaciones en su momento, así como a los juzgadores que han exonerado a los sospechosos de desaparecer a los jóvenes hace cinco años.

Cuestionado sobre si estas indagatorias alcanzan al exprocurador Jesús Murillo Karam, Encinas afirmó que sí, pues se busca fincar responsabilidades a los funcionarios que alteraron el debido proceso en esta investigación.

Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, está preso por el homicidio de un síndico, no por la desaparición de los 43, por lo que no se prevé que salga libre.

Excarcelan a 37% de caso Iguala; han liberado a 53 de 142 implicados

Encinas advirtió que al menos otros 50 sospechosos podrían quedar en libertad en cuestión de meses.

Un tercio de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido liberado debido a que los jueces han desestimado 63 de las 107 pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro en el caso.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, acusó que los impartidores de justicia han privilegiado más el derecho de los victimarios que el de las víctimas, lo que ha provocado que estén libres 53 de los 142 civiles y policías municipales detenidos por la noche de Iguala, es decir, 37% del total.

Por esto, al menos otros 50 sospechosos podrían quedar en libertad en cuestión de meses, alertó el funcionario en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que el precedente judicial para esto lo marcó la resolución del juez federal Samuel Ventura Ramos, quien hace unos días argumentó tortura para exonerar por secuestro y delincuencia organizada a Gildardo López Astudillo, pese a que se acreditó que era el jefe de Guerreros Unidos en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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