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México

Líder de PT en Aguascalientes enfrentará en libertad acusación de lavado

Poco después de las 17:00 horas de este martes terminó la comparecencia del líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, detenido por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La audiencia se llevó a cabo en la Sala de Audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, bajo la causa penal 241/2017.
La víspera, en cumplimiento con una orden de aprehensión liberada por un juez de Distrito en materia de procesos penales de la Ciudad de México, elementos de la PGR detuvieron al dirigente partidista en Aguascalientes.

La imputación se centra en una operación de febrero de 2017, en donde el gobierno del estado de Nuevo León envía cien millones de pesos a la cuenta personal y privada de la señora María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

Este dinero se encontraba etiquetado para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, sin embargo, estos recursos no fueron depositados en las cuentas de los llamados Cendis, sino en la cuenta personal de dicha persona, quien tampoco declaró ese ingreso para efectos fiscales.

Asimismo, el gobierno de Nuevo León contestó oficialmente a la autoridad ministerial que no existe contrato o convenio alguno para depositar los cien millones en la cuenta personal de la señora Rodríguez Martínez.

Ese dinero público se dispersó en partes a distintas cuentas, aunque la mayor parte se quedó en la cuenta de inversión personal de la esposa del líder nacional del PT.

De entre las cuentas a las cuales se dispersó dinero, se encuentra la cuenta personal del señor Héctor Alejandro Quiroz García, por una cantidad de 12 millones 899 mil pesos.

Dichos depósitos se hicieron en su cuenta personal y no fueron declarados fiscalmente como ingresos; fueron retirados en la cantidad de 11 millones ocho mil 592 pesos, en 57 operaciones, y en su mayoría los retiros fueron hechos en efectivo y no destinados a la operación de los Cendis.

El líder del Partido del Trabajo (PT) fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, del cual salió hoy aproximadamente a las 17:30 horas, luego de asegurar una fianza de 600 mil pesos, a pesar de estar acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Juez de Control, Gerardo Moreno García, tomó esta determinación luego de estudiar el pliego acusatorio y de escuchar a las partes, que en el caso de Quiroz García incluía la defensa de su abogado, Reynaldo Sandoval Sánchez.

La audiencia inició en punto de las 15:00 horas y concluyó poco antes de las 17:00 horas, cuando el juez (quien por cierto vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa) dictó la medida cautelar y apercibió al indiciado, en el sentido de que no puede salir del país y que debe presentarse ante la autoridad para firmar cuantas veces sea requerido.

Al detenido, Quiroz García, le fueron leídos los derechos que le asisten. Durante la audiencia, se reservó su derecho a declarar, acogiéndose a lo dispuesto por el Artículo 20 Constitucional.

Luego de la audiencia se realizó el papeleo correspondiente y alrededor de las 17:30 horas, el indiciado salió caminando por la puerta principal, ubicada en la calle de Jaime Nuno, acompañado por su abogado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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