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México

Líder de PT en Aguascalientes enfrentará en libertad acusación de lavado

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Poco después de las 17:00 horas de este martes terminó la comparecencia del líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, detenido por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La audiencia se llevó a cabo en la Sala de Audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, bajo la causa penal 241/2017.
La víspera, en cumplimiento con una orden de aprehensión liberada por un juez de Distrito en materia de procesos penales de la Ciudad de México, elementos de la PGR detuvieron al dirigente partidista en Aguascalientes.

La imputación se centra en una operación de febrero de 2017, en donde el gobierno del estado de Nuevo León envía cien millones de pesos a la cuenta personal y privada de la señora María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

Este dinero se encontraba etiquetado para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, sin embargo, estos recursos no fueron depositados en las cuentas de los llamados Cendis, sino en la cuenta personal de dicha persona, quien tampoco declaró ese ingreso para efectos fiscales.

Asimismo, el gobierno de Nuevo León contestó oficialmente a la autoridad ministerial que no existe contrato o convenio alguno para depositar los cien millones en la cuenta personal de la señora Rodríguez Martínez.

Ese dinero público se dispersó en partes a distintas cuentas, aunque la mayor parte se quedó en la cuenta de inversión personal de la esposa del líder nacional del PT.

De entre las cuentas a las cuales se dispersó dinero, se encuentra la cuenta personal del señor Héctor Alejandro Quiroz García, por una cantidad de 12 millones 899 mil pesos.

Dichos depósitos se hicieron en su cuenta personal y no fueron declarados fiscalmente como ingresos; fueron retirados en la cantidad de 11 millones ocho mil 592 pesos, en 57 operaciones, y en su mayoría los retiros fueron hechos en efectivo y no destinados a la operación de los Cendis.

El líder del Partido del Trabajo (PT) fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, del cual salió hoy aproximadamente a las 17:30 horas, luego de asegurar una fianza de 600 mil pesos, a pesar de estar acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Juez de Control, Gerardo Moreno García, tomó esta determinación luego de estudiar el pliego acusatorio y de escuchar a las partes, que en el caso de Quiroz García incluía la defensa de su abogado, Reynaldo Sandoval Sánchez.

La audiencia inició en punto de las 15:00 horas y concluyó poco antes de las 17:00 horas, cuando el juez (quien por cierto vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa) dictó la medida cautelar y apercibió al indiciado, en el sentido de que no puede salir del país y que debe presentarse ante la autoridad para firmar cuantas veces sea requerido.

Al detenido, Quiroz García, le fueron leídos los derechos que le asisten. Durante la audiencia, se reservó su derecho a declarar, acogiéndose a lo dispuesto por el Artículo 20 Constitucional.

Luego de la audiencia se realizó el papeleo correspondiente y alrededor de las 17:30 horas, el indiciado salió caminando por la puerta principal, ubicada en la calle de Jaime Nuno, acompañado por su abogado.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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