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Líderes de la CNTE aún conservan plazas dobles; SEP no los toca

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Oaxaca de Juárez, 31 de julio. La Secretaría de Educación Pública (SEP) redujo las plazas de docentes en el estado de Oaxaca, pero no eliminó los puestos dobles de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo a los datos del Segundo Trimestre del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), en el primer trimestre del año existían 90 mil 666 docentes oaxaqueños a quienes se repartía un monto de cinco mil 060 millones de pesos.

Para junio, la nómina se redujo a 83 mil 488 plazas con un presupuesto de tres mil 123 millones 721 pesos. Sin embargo, y pese a que se ha informado sobre la eliminación de plazas dobles de la CNTE, los principales líderes de la sección 22 aún conservan un doble puesto trabajo del que se benefician aunque no se presenten a trabajar. Por ejemplo, el secretario general, Rubén Núñez, cobró durante el segundo trimestre del 2015 un sueldo total de 151 mil 634 pesos, lo que significa mensualmente un ingreso de 50 mil 544 pesos.

Según las propias afirmaciones del líder magisterial, la SEP no le paga por dar clases en la Escuela Normal Experimental Lázaro Cárdenas, donde está registrada su plaza, sino por su “trabajo político”. En el caso del secretario de organización política de la CNTE, Francisco Villalobos, ganó 74 mil 766 pesos durante el segundo trimestre de este año debido a su plaza registrada en Armenta y López, sede del magisterio, y a su puesto de trabajo en la Escuela Justo Sierra, en Santo Domingo Tehuantepec.

Villalobos ha instado a sus compañeros a no adherirse al nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) hasta que el gobierno estatal y federal reinstalen una mesa de negociación para cumplir sus exigencias.

ADN Sureste

México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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