El Gobierno liberó esta madrugada el bloqueo que mantenían transportistas en vialidades primarias y circundantes al Palacio estatal.

En el operativo en el que participaron agentes desarmados de distintas corporaciones policiacas, fueron retirados 17 camiones y una camioneta pick up, unidades que fueron trasladadas al Centro de Mando C-4 y quedaron en resguardo de las autoridades de Transporte, según un comunicado oficial.
Únicamente un transportista, César Adrián Zubiate, de 36 años, quien estaba a bordo de la pick up, fue detenido por policías municipales y puesto a disposición de un juez calificador.

Nadie más opuso resistencia a la acción policial, algunos de los choferes entregaron las llaves de las unidades para la movilización y otros las dejaron en los camiones que fueron desplazados por los propios agentes. Sólo un camión fue arrastrado con el uso de una grúa.

La acción rápida, que inició a las 03:05 horas de hoy y concluyó en 16 minutos, se focalizó en las calles Venustiano Carranza, Aldama y Séptima, donde se habían concentrado las unidades de transporte que mantenían la obstrucción al tráfico.
Luego de la recuperación de las vialidades, se formó una valla policial en las inmediaciones de la sede del Gobierno del Estado, vigilancia que se mantendrá para evitar nuevos bloqueos.

Por parte de la Fiscalía General participaron 75 elementos de todas las divisiones, 75 agentes de la Policía Municipal, 23 de Tránsito y 18 de Transporte.

La intervención ordenada y diseñada por la Secretaría General de Gobierno, fue operada en campo por el primer comandante de la Policía Ministerial, Édgar Loya y el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya.

La Policía Federal estableció un perímetro de seguridad a la distancia, pero no intervino en el retiro de los camiones. También se enviaron al lugar, una máquina del Departamento de Bomberos y una ambulancia, que no reportaron servicio alguno.

Una cuadrilla de Aseo Urbano realizó labores de limpieza momentos después de la acción policial.

El operativo se realizó bajo la supervisión y vigilancia de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La visitadora Karla Gutiérrez informó que la acción policial fue rápida, limpia y efectiva.

Además dio fe pública de la intervención gubernamental, el notario público 24 Eugenio García, quien señaló que el operativo se registró sin ningún incidente.

La decisión sobre la intervención, se tomó luego de que los dirigentes de los concesionarios se negaron a la petición formal de la Secretaría General de Gobierno para retirar voluntariamente el bloqueo y continuar el diálogo sobre los adeudos que mantiene la Coordinadora de Transporte Colectivo con los choferes de las unidades del ViveBús.

El libre tránsito se recuperó en todas las calles que habían sido cerradas desde la mañana del lunes.

Previamente, durante la tarde y noche de ese día, los propios concesionarios y choferes habían retirado los camiones que bloqueaban la Teófilo Borunda, desde la calle Independencia hasta la Tecnológico, así como otros puntos en las avenidas Universidad, Niños Héroes y Juárez.

El lunes, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, había advertido en un mensaje dirigido a la comunidad chihuahuense, que el Estado saldría a defender el interés público por encima de intereses parciales o de grupo. “Vamos a recuperar el control sobre la administración, supervisión y regulación del transporte”, dijo Jáuregui Robles.
El funcionario consideró que con las afectaciones a los usuarios, el Gobierno está siendo víctima de un chantaje, mediante el cual los transportistas le quieren hacer responsable de obligaciones económicas y laborales, que no tiene, con los trabajadores del volante.

Robles reiteró que se reconoce a los trabajadores su derecho a un ingreso y al salario, “pero no somos nosotros los responsables de esos adeudos”.

El funcionario dijo también en el mensaje difundido en video, que el origen de esa deuda está en la colusión de intereses entre la corrupción política del anterior gobierno y la apuesta de este grupo de concesionarios, para socavar el diseño del nuevo sistema de transporte colectivo, el cual les impidió seguir disponiendo de ingresos.

Jáuregui Robles señaló que la administración seguirá actuando a favor de la sociedad, pues su preocupación es la gente afectada en sus derechos de libre tránsito, derecho al trabajo y derecho a la convivencia.
En el operativo en el que participaron agentes desarmados de distintas corporaciones policiacas, fueron retirados 17 camiones y una camioneta pick up, unidades que fueron trasladadas al Centro de Mando C-4 y quedaron en resguardo de las autoridades de Transporte.

Únicamente un transportista, César Adrián Zubiate, de 36 años, quien estaba a bordo de la pick up, fue detenido por policías municipales y puesto a disposición de un juez calificador.

Nadie más opuso resistencia a la acción policial, algunos de los choferes entregaron las llaves de las unidades para la movilización y otros las dejaron en los camiones que fueron desplazados por los propios agentes. Sólo un camión fue arrastrado con el uso de una grúa.

La acción rápida, que inició a las 03:05 horas de hoy y concluyó en 16 minutos, se focalizó en las calles Venustiano Carranza, Aldama y Séptima, donde se habían concentrado las unidades de transporte que mantenían la obstrucción al tráfico.
Luego de la recuperación de las vialidades, se formó una valla policial en las inmediaciones de la sede del Gobierno del Estado, vigilancia que se mantendrá para evitar nuevos bloqueos.

Por parte de la Fiscalía General participaron 75 elementos de todas las divisiones, 75 agentes de la Policía Municipal, 23 de Tránsito y 18 de Transporte.

La intervención ordenada y diseñada por la Secretaría General de Gobierno, fue operada en campo por el primer comandante de la Policía Ministerial, Édgar Loya y el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya.

La Policía Federal estableció un perímetro de seguridad a la distancia, pero no intervino en el retiro de los camiones. También se enviaron al lugar, una máquina del Departamento de Bomberos y una ambulancia, que no reportaron servicio alguno.

Una cuadrilla de Aseo Urbano realizó labores de limpieza momentos después de la acción policial.

El operativo se realizó bajo la supervisión y vigilancia de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La visitadora Karla Gutiérrez informó que la acción policial fue rápida, limpia y efectiva.

Además dio fe pública de la intervención gubernamental, el notario público 24 Eugenio García, quien señaló que el operativo se registró sin ningún incidente.

La decisión sobre la intervención, se tomó luego de que los dirigentes de los concesionarios se negaron a la petición formal de la Secretaría General de Gobierno para retirar voluntariamente el bloqueo y continuar el diálogo sobre los adeudos que mantiene la Coordinadora de Transporte Colectivo con los choferes de las unidades del ViveBús.

El libre tránsito se recuperó en todas las calles que habían sido cerradas desde la mañana del lunes.

Previamente, durante la tarde y noche de ese día, los propios concesionarios y choferes habían retirado los camiones que bloqueaban la Teófilo Borunda, desde la calle Independencia hasta la Tecnológico, así como otros puntos en las avenidas Universidad, Niños Héroes y Juárez.

El lunes, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, había advertido en un mensaje dirigido a la comunidad chihuahuense, que el Estado saldría a defender el interés público por encima de intereses parciales o de grupo. “Vamos a recuperar el control sobre la administración, supervisión y regulación del transporte”, dijo Jáuregui Robles.
El funcionario consideró que con las afectaciones a los usuarios, el Gobierno está siendo víctima de un chantaje, mediante el cual los transportistas le quieren hacer responsable de obligaciones económicas y laborales, que no tiene, con los trabajadores del volante.

Robles reiteró que se reconoce a los trabajadores su derecho a un ingreso y al salario, “pero no somos nosotros los responsables de esos adeudos”.

El funcionario dijo también en el mensaje difundido en video, que el origen de esa deuda está en la colusión de intereses entre la corrupción política del anterior gobierno y la apuesta de este grupo de concesionarios, para socavar el diseño del nuevo sistema de transporte colectivo, el cual les impidió seguir disponiendo de ingresos.

Jáuregui Robles señaló que la administración seguirá actuando a favor de la sociedad, pues su preocupación es la gente afectada en sus derechos de libre tránsito, derecho al trabajo y derecho a la convivencia.