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México

“Lo están mal aconsejando”: AMLO exhortó a Alonso Ancira a cumplir el acuerdo reparatorio con Pemex

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En su conferencia de prensa matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhortó al empresario y dueño de Altos Hornos de MéxicoAlonso Ancira Reno, a cumplir el acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso AgroNitrogenados.

Yo creo que están mal aconsejando al señor Ancira. Ojalá el reflexione porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados legulellos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería estar agradecido. Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta. Lo sabe perfectamente“, comentó.

Y es que el magnate había acordado con Pemex el pago de 216.6 millones de dólares por la compraventa irregular de Agro Nitrogenados, esto luego que fuera puesto en libertad tras su aprehensión en el Reclusorio Norte.

No obstante, la paraestatal denunció que Ancira Reno no se presentó el pasado 25 de agosto para comparecer las obligaciones del tratado, por lo que se le señaló de incumplimiento.

(Foto: EFE/CATI CLADERA/Archivo)
(Foto: EFE/CATI CLADERA/Archivo)

En tanto, el empresario argumentó que había constituído ya un fideicomiso para realizar los pagos mencionados, sin embargo Pemex no lo reconoció legalmente porque fue creado en Estados Unidos.

Es así que Petróleos hiz llegar un oficio a Pedro Serret Hernández, el administrador del Reclusorio Norte, informando que Ancira no cumplió el acuerdo de reparación del daño, razón por las que solicita que se tomen las medidas pertinentes.

Petróleos Mexicanos insiste en que los pagos de Ancira se tenían que llevar a cabo en un solo contrato de fideicomiso, instrucción que el señalado no cumplió ya que él lo hizo a través de “Trust ANCIRA” “Fideicomiso AFIRME”; de éstos, el primero fue el invalidado por la paraestatal.

“El ‘Trust ANCIRA’ es un acto jurídico que no se celebró conforme a los ordenamientos aplicables en territorio nacional, sino conforme a leyes de los Estados Unidos de América (…) Ello es incongruente con el Acuerdo Reparatorio conforme al cual, las garantías debían constituirse en los términos y mediante las figuras jurídicas contempladas en las leyes mexicanas”, denunció la empresa.

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La controversia de Ancira se remonta al 2013, cuando presuntamente sobornó con 3.5 millones de pesos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de influir en el proceso de compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

De acuerdo con el caso abierto por la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso de adquisición presentó una irregularidad: la transacción de compra–venta de la productora de fertilizante se realizó 10 veces su costo real, lo que equivalía a 273 millones de pesos aproximadamente.

Esto quiere decir que el presupuesto de Pemex se vio afectado por más de 200 millones de pesos al hacer una compra de una procesadora que se encontraba casi en ruinas.

Luego de conocer la investigación iniciada en su contra, el magnate abandonó el país y fue capturado en Palma de Mallorca, España, en mayo del 2019. Desde su estancia en el país ibérico, buscó a toda costa evitar la cárcel, por lo que interpuso una serie de amparos para burlar la extradición, e incluso, ofreció el pago del sobreprecio obtenido de la transacción fraudulenta.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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